PALMA | J. F. MESTRE/ B. PALAU.
La Policía implica a otro alto cargo del Partido Popular en la trama económica del Palma Arena. Se trata de Antonio Palerm, quien en la anterior legislatura ocupó el cargo de director general del área de deportes del Consell Insular y que se convierte en el séptimo detenido en este nuevo escándalo político. El área de deportes que dirigía estaba integrada en s´Institut, la única responsabilidad que asumió el PP en la anterior legislatura del Consell Insular, bajo la dirección del hoy parlamentario popular Antoni Serra.
Palerm, que ayer no se encontraba en Mallorca, regresó al mediodía y se presentó en Jefatura. Quedó detenido a la espera de que se le tomé declaración, posiblemente hoy.
El ex director general insular de deportes también formó parte del Consorcio que se creó para tramitar todo el proceso de construcción del velódromo de Palma. Este consorcio lo constituía el Consell Insular, el Govern y el Ajuntament de Palma. Pero no se limitó sólo a participar en las reuniones del Consorcio. También suministró material de construcción a la UTE que fabricaba el velódromo, facturándole 11.400 euros. Estas facturas están en poder de la Policía. Palerm ha designado al abogado Eduardo Valdivia para que le defienda.
Durante la tarde de ayer, y bajo la supervisión de los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, la Policía tomó declaración a varios de los seis detenidos en la primera fase de la operación. En concreto, se interrogó a Ignacio Antonio Sáez, el arquitecto que participó en la construcción, quien a media tarde quedó en libertad con cargos. Abandonó el edificio policial acompañado de su abogado Pedro Cerdá.
Los investigadores se interesaron por conocer el papel que tuvo Sáez en el proceso de construcción del velódromo. El detenido declaró que se encargó de la dirección técnica del proyecto, es decir, era el arquitecto que estaba a pie de obra. Explicó que su función era interpretar los planos y resolver los problemas de construcción que se podían plantear. Explicó que estuvo trabajando tanto para Schürmann como para los hermanos García Ruiz, aunque fueron estos últimos arquitectos los que fijaron su sueldo.
Una de las líneas de investigación sobre las que se vuelcan los policías del Grupo de Delincuencia Económica es determinar si alguno de los arquitectos que participó en el proyecto del velódromo lo hizo también en el nuevo chalet que se construye el ex director general d´Esports, Pepote Ballester, en la zona de sa Ràpita. Sobre este punto se le preguntó ayer a Sáez, que negó que hubiera intervenido en este chalet. Sin embargo, Anticorrupción sospecha que parte del material que se pagó con fondos del Consorcio, que nunca se colocó en el velódromo, terminó en la casa de Pepote Ballester.