PALMA | MATEU FERRE
A menos de una semana de perder el Govern, los anteriores gestores del PP dejaron comprometida una deuda de casi 31 millones de euros en obras no presupuestadas del Palma Arena, que las empresas constructoras del velódromo aseguran haber ejecutado y que en cualquier caso se hicieron sin la preceptiva licitación pública. Tal volumen de dinero se justificó por «modificaciones» sobre la marcha ordenadas verbalmente por los responsables políticos de la obra a las empresas FCC y Melchor Mascaró –adjudicatarias del proyecto inicial–, y obviando por completo la legalidad en cuanto a contrataciones de la Administración.
Las elecciones autonómicas se celebraron el domingo 27 de mayo de 2007. Tan solo seis días antes, el martes 22, se reunió la junta rectora del consorcio para la construcción de la instalación ciclista, con la asistencia de seis de sus diez miembros: Rafael Durán, Pepote Ballester y Jorge Moisés –los tres detenidos el miércoles por orden de la Fiscalía Anticorrupción–; el diputado del PP Antoni Serra y los dos ex cargos de confianza de este partido en el Consell y el Govern, Antoni Palerm –también detenido– y Dulce Linares, respectivamente.
Según consta en el acta de la reunión, los presentes tuvieron conocimiento de que las constructoras del velódromo reclamaban 30.870.601 euros extras en concepto de modificaciones de los proyectos originales, para los que se contaba con un presupuesto total de 48,7 millones de euros. El propio documento refleja que estos trabajos fueron encargados «a dedo».