CARACAS | EFE
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron ayer en Caracas crear una comisión permanente para evaluar y resolver el centenar de casos de expropiaciones de fincas rurales e industriales a ciudadanos españoles por el Estado venezolano.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció esta iniciativa en una rueda de prensa junto con su colega venezolano, Nicolás Maduro, al término de su reunión en la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería.
La comisión se reunirá cada quince días a partir del 13 de agosto, cuando lo hará en Caracas, para ir repasando «caso a caso» y tratar de agilizar su resolución, explicó Moratinos.
Alrededor de un centenar de casos –unas 80 fincas agrícolas y ganaderas y 25 urbanas e industriales– están sin solucionar, de los que la mayoría afectan a ciudadanos canarios y gallegos residentes en la parte oeste de Venezuela. La invasión y ocupación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños.