EFE
Mientras tanto, De Juana permanecerá en libertad vigilada en Belfast bajo las condiciones impuestas por la Justicia norirlandesa, tras su detención el pasado 17 de noviembre.
Burgess, quien presidió hoy una vista de trámite, analiza desde principios abril los alegatos de la defensa de De Juana en contra de su sentencia del pasado 10 de marzo, que considera que el delito de enaltecimiento del terrorismo que le imputa la Justicia española es susceptible de extradición, en virtud de la ley británica sobre terrorismo de 2006.
La defensa indicó, tras conocer aquel fallo, que en España se está dando un proceso judicial viciado en el que se prejuzga al ex preso de ETA y, por lo tanto, se violan sus derechos fundamentales.
Además, los abogados de De Juana piden al juez que se tenga en consideración "el impacto del aislamiento y la detención incomunicada" que sufrió durante dieciocho de sus veintiún años de cárcel en España.
Esos argumentos forman la base del rechazo de la defensa a la extradición del ex preso etarra, liberado el pasado agosto tras cumplir 21 años de prisión de los 3.000 a los que fue condenado por 25 asesinatos cometidos como miembro de la organización terrorista.
En otra vista diferente, el mismo tribunal indicó hoy que también revisará en una fecha próxima, aún sin determinar, el calendario del proceso contra el navarro Arturo Villanueva, que igualmente sigue en la capital norirlandesa en libertad condicional desde su detención el pasado 22 de abril.
El caso de Villanueva no ha hecho más que empezar, ya que, sea cual sea la decisión de Burgess, es casi seguro que ése agotará todas las vías judiciales a su disposición.
La Justicia española reclama al navarro por delitos de terrorismo desde que abandonó España en 2002 para eludir el juicio seguido contra las organizaciones juveniles de la izquierda radical vasca vinculadas a ETA, en concreto contra Haika.
Como en el caso De Juana, la defensa de Villanueva puede primero presentar alegaciones, si la eventual decisión de Burgess le es contraria, y después llevar el caso al Tribunal de Apelaciones de Belfast, en primera instancia, y posteriormente a la Cámara de los Lores en Londres, máxima autoridad judicial del Reino Unido.
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