MADRID | EFE
La Coordinadora Estatal Antinuclear considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cometido prevaricación al emitir un informe complementario sobre Garoña, en respuesta a «una maniobra completamente ilegal» del ministro de Industria, Miguel Sebastián, para favorecer a la central. Así lo aseguró ayer Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace, que junto a otras organizaciones ecologistas forma parte de la Coordinadora y que podrían recurrir legalmente los dos dictámenes del CSN a favor de la continuidad.
El informe inicial del órgano regulador del pasado 5 de junio, preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, era favorable a la renovación de la explotación de la central por diez años, aunque imponía unas condiciones al titular, Nuclenor (participado en un 50 por ciento por Iberdrola y Endesa). A petición del Ministerio de Industria, el miércoles el Consejo aprobó un informe complementario, en el que considera que algunas de las condiciones que fijó para avalar la continuación por diez años pueden no ser exigibles si el Gobierno opta por una prórroga limitada de sólo dos años.