El juez del caso De Juana revisa el calendario y retrasa la decisión final

EFE Esto significa un nuevo retraso en los plazos previstos por el juez instructor, Thomas Burgess, para anunciar una decisión final sobre el caso De Juana, que el propio magistrado había fijado para el próximo 29 de junio.

Burgess lleva desde principios de abril analizando las alegaciones de la defensa en contra de su sentencia del pasado 10 de marzo, que considera que el delito de enaltecimiento del terrorismo que le imputa la Justicia española es susceptible de extradición en virtud de la ley británica sobre terrorismo de 2006.

La defensa anunció, tras conocer aquel fallo, que en España se está dando un proceso judicial viciado en el que se prejuzga a De Juana y, por lo tanto, se violan sus derechos fundamentales.

Además, los abogados de De Juana piden al juez que se tenga en consideración "el impacto del aislamiento y la detención incomunicada" que sufrió durante dieciocho de sus veintiún años de cárcel en España.

Esos argumentos forman la base del rechazo de la defensa a la extradición del ex preso etarra, quien permanece en Belfast en libertad vigilada desde el pasado 17 de noviembre.

En otra vista diferente, el mismo tribunal indicó hoy que también el 30 de junio revisará el calendario del proceso contra el navarro Arturo Villanueva, que igualmente sigue en la capital norirlandesa en libertad condicional desde su detención el pasado 22 de abril.

El caso de Villanueva no ha hecho más que empezar, ya que, sea cual sea la decisión de Burgess, es casi seguro que agotará todas las vías judiciales a su disposición.

La Justicia española reclama al navarro por delitos de terrorismo desde que huyó de España en 2002 para eludir el juicio seguido contra las organizaciones juveniles de la izquierda radical vasca vinculadas a ETA, en concreto contra Haika.

Como en el caso De Juana, la defensa Villanueva puede primero presentar alegaciones si la eventual decisión de Burgess le es contraria y después puede llevar el caso al Tribunal de Apelaciones de Belfast, en primera instancia, y posteriormente a la Cámara de los Lores en Londres, máxima autoridad judicial del Reino Unido.