SEVILLA | OTR PRESS
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha querido cortar de raíz todas las especulaciones en torno a los 10,1 millones de euros librados en concepto de ayudas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la sociedad 'Minas y Aguas Teñidas S.A.', cuando aún ostentaba él la Presidencia del Gobierno andaluz. En este sentido, el ministro aclaró que ese dinero fue entregado a «una multinacional» y no «a la hija del presidente o la empresa de Chaves», asegurando que está «disponible» para comparecer personalmente en la Cámara Baja y reiterar estos aspectos. El PP andaluz, por su parte, asegura que Chaves es el «peor ejemplo» para dar lecciones sobre la administración de fondos públicos.
Manuel Chaves aprovechó su participación en el acto de entrega de Medallas de la Ciudad de Sevilla para aclarar algunos aspectos concernientes a la supuesta financiación de la empresa 'Minas y Aguas Teñidas S.A.', con fondos públicos durante su etapa de presidente andaluz. En este sentido, aseguró que que él y el PSOE son víctimas de «un conjunto de manipulaciones» a partir de «una base de medias verdades y falsedades», porque en torno a las ayudas autonómicas percibidas por dicha empresa, «se ha creado una gran mentira» al figurar como apoderada en la citada sociedad Paula Chaves, hija del ministro y ex presidente de la Junta de Andalucía.
En su opinión, esta «mentira» no busca sino perjudicarle a él «personalmente», y al PSOE en general, de cara a los comicios europeos que tendrán lugar el próximo 7 de junio, pues, como indicó, «no es casualidad» que este asunto haya visto la luz justo ahora.
En cualquier caso, y alegando que no tiene nada que ocultar, Manuel Chaves aseguró estar «disponible» para comparecer ante el Congreso de los Diputados y «dar las explicaciones que los diputados consideren necesarias», si bien, apuntó, el Ejecutivo andaluz «ha dado todas las explicaciones necesarias en sede parlamentaria, con todos los detalles y datos». Es más, según dijo, incluso los grupos de oposición «han tenido acceso a ese expediente», en relación a la documentación correspondiente a las ayudas libradas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para 'Minas y Aguas Teñidas S.A.' cuando Francisco Vallejo ostentaba esta cartera.
«El peor ejemplo»
Por último, el ministro lamentó que su hija haya sido usada «como munición política», pues según aseguró, «ni Paula Chaves ni yo tenemos nada que ocultar. Nuestro patrimonio es absolutamente transparente».
El Partido Popular andaluz no ha desaprovechado la oportunidad de señalar al ministro de Política Territorial como «el peor ejemplo para dar lecciones de uso racional» de fondos públicos. El secretario general del partido en andalucía, Antonio Sanz, arremetió contra Chaves asegurando que «lo primero que tendría que hacer es dar muchas explicaciones del escándalo nacional que representa la subvención concedida por la Junta a la empresa de la que su hija es apoderada».
En su opinión, el PSOE reaccionó «de manera histérica ante la evidencia de que Chaves ha sido pillado», así como que «intentan amenazar y amedrentar al PP para que no siga destapando escándalos de la etapa de Chaves». A esto, el secretario popular quiso dejar claro que «el PP no se va a callar ni un segundo, ni mucho menos va a aceptar amenazas ni lecciones sobre democracia».
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Luis Ayllón, ironizó ayer sobre el tema y planteó al Gobierno que extienda ese tipo de ayudas a los hijos de todos los españoles.
«Lo que debería hacer el vicepresidente tercero es que este Gobierno dé una ayuda por hijo a cada familia española de 10 millones de euros para igualar la prepotencia que supone las ayudas que Chaves ha concedido cuando era presidente de la Junta», señaló. Asimismo, criticó que el vicepresidente tercero se escude en que el Parlamento no le ha llamado para no acudir a la Cámara Baja a dar explicaciones y señaló que con su «dilatada experiencia política». Chaves debería saber que existe un mecanismo para que los miembros del Gobierno comparezcan a petición propia.