El TSJM da dos días a la Fiscalía para que diga si debe asumir la investigación

MADRID | EFE La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio ayer dos días de plazo a la Fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la investigación del llamado ´caso Gürtel´ sobre una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
El tribunal adoptó esta decisión después de recibir el lunes las cinco cajas con documentación procedentes del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Baltasar Garzón, relacionadas con esta causa.
Una vez recibido el informe del fiscal, el tribunal tomará una decisión sobre si es o no competente para investigar el caso, que se comunicará mediante un auto que será redactado por el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieria, que fue designado ponente, según informó ayer este órgano judicial.
Garzón acordó enviar parte del caso al TSJM a petición de la Fiscalía Anticorrupción y ante la existencia de indicios de delito en la actuación de tres aforados.
Se trata de los diputados autonómicos Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno regional; Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
En un auto notificado el pasado día 5, el magistrado relata que López Viejo hizo operaciones con la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros, Bosch por 250.572 y Martín Vasco por un importe de 437.176, lo que ascendería a 1.250.728 euros.
Garzón considera que los tres aforados podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y asociación ilícita.
Sobre la operaciones realizadas por López Viejo, el juez señala que «para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público».
Según Garzón, el ex consejero de Deportes sería la persona «que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros». En el auto, el juez relata que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos.