PEKÍN | EFE
El juicio contra Liu Xiaobo, uno de los disidentes políticos más conocido de China, quedó ayer visto para sentencia después de que el escritor firmara el año pasado un manifiesto pidiendo el fin del sistema de partido único en su país mediante el sufragio universal.
«Estamos a la espera de que el juez pronuncie sentencia. No sabemos cuándo puede suceder», señaló el abogado, Mo Shaoping, quien indicó que el juicio empezó a las 9 de la mañana y finalizó poco antes de las 12 del mediodía.
Al Tribunal Popular Intermedio Número 1 de Pekín, en el barrio de Shijingshan, acudieron ayer unos 200 seguidores de Liu, entre ellos unos 60 convocados a través de la red de microblogging Twitter que portaban un lazo amarillo en apoyo al activista.
«Él representa la libertad de expresión», dijo uno de los allí presentes, apellidado Liu, rodeado de otros internautas que pedían Libertad para Bo o el fin de la censura en Internet de redes como Twitter o Facebook.
Sin embargo, el fuerte cerco policial, que mantuvo acordonado el acceso al tribunal, impidió que tanto estos manifestantes como los diplomáticos europeos y americanos que querían acceder al juicio como observadores lograran su objetivo.
Los firmantes más famosos del manifiesto político, llamado Carta 08 y por el que Liu ha sido juzgado, habían anunciado que acudirían a la puerta del tribunal para compartir de forma simbólica la responsabilidad de la firma, pero fueron retenidos en sus domicilios por la policía.
Unos 300 disidentes, artistas e intelectuales firmaron la carta, en la que se exigía la aplicación de derechos recogidos en la Constitución china, como el fin del partido único, el sufragio universal, la libertad de prensa y de expresión o la mejora del medio ambiente.
Entre los retenidos y amenazados hoy por la policía, están la propia esposa del encausado, la poetisa Liu Xia, la líder de Madres de Tiananmen, Ding Zilin, o Bao Tong (el ex secretario del líder Zhao Ziyang, que defendió a los estudiantes de Tiananmen en 1989), entre otras decenas de activistas en todo el país, según informó la ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD).