ZAMBOANGA | EFE
Al menos 21 personas fueron decapitadas ayer en el sur de Filipinas en una matanza desencadenada por una disputa política entre los clanes de un gobernador y el rival que quiere disputarle el puesto en las próximas elecciones. La amenaza de que la matanza desate una espiral de venganzas llevó al Gobierno a declarar el estado de excepción en la provincia de Maguindanao por «el mayor acto de violencia sin sentido en los últimos tiempos», según lo calificó el asesor presidencial Jesús Dureza.
A media mañana, unos cien hombres armados secuestraron de treinta a cincuenta personas -entre ellas abogados de derechos humanos y a una decena de periodistas- que acudían a la oficina regional de la Comisión Electoral a presentar la candidatura a gobernador de Ibrahim Mangudadatu. Los pistoleros introdujeron a sus rehenes en varios vehículos y a toda prisa huyeron del lugar. Poco después un grupo de soldados que salió en su persecución halló los cadáveres decapitados de trece mujeres y ocho hombres, incluidos la esposa y tres hermanos del político.
De inmediato, Mangudadatu responsabilizó al gobernador Andal Ampatuan, conocido en la zona como ´El Padrino´ y cuyo hijo Unsay estaba al mando de la operación de secuestro, según el teniente coronel Romeo Brawner, portavoz del Ejército filipino. Brawner añadió que varios secuestradores estaban empleados como escoltas y guardas de seguridad en el ejército privado de la familia Ampatuan, cuyo patriarca pretendía impedir que Mangudadatu se enfrentara a él en las elecciones del próximo mayo.
