WASHINGTON | EFE
El Gobierno cubano ha cambiado de manos pero mantiene una vieja «maquinaria represiva» con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la «ley de peligrosidad», encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados.
Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado ayer por Human Rights Watch, en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente el 24 de febrero de 2008.
HRW, que también ha criticado medidas represivas en Colombia y Venezuela, dijo que el encarcelamiento, las palizas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso son algunas de las tácticas que usa La Habana contra los detractores de sus políticas.
El informe de 60 páginas, titulado ´Un nuevo Castro, la misma Cuba´, se apoya en más de 60 entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de Cuba, y no tuvo la venia del Gobierno.
HRW destacó la llamada «ley de peligrosidad», «la más orwelliana de todas las leyes cubanas» y con la que, con claros fines políticos, el Gobierno encarcela a personas antes de que hayan cometido un delito, con la sospecha de que «puedan cometerlo en el futuro».
Esa ley, precisó HRW, señala como actividades antigubernamentales manifestaciones pacíficas, escribir artículos duros contra el Gobierno, entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e intentar organizar sindicatos independientes.
HRW dijo que documentó más de 40 casos de personas encarceladas porque el Gobierno las consideró «peligrosas», pero teme que existan «muchos más casos».
También quienes no tienen empleo, no cooperan con el Estado o no pertenecen a organizaciones del partido de Gobierno son acusados de tener una conducta «antisocial» y sujetos a posibles «advertencias» o a la cárcel, según HRW.
Cita como ejemplo de que, dentro de la Operación Victoria, en enero pasado, las autoridades acusaron de «peligrosidad» por no tener trabajo a decenas de personas de Cuba Oriental, en su mayoría jóvenes. Un residente de Sancti Spíritus, desempleado por problemas de salud, fue condenado a dos años de cárcel en agosto de 2008.
