Se trata, con todo, de una decisión controvertida que fue criticada hoy por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló en un comunicado que plantea «un riesgo innecesario» y defendió los tribunales militares para este tipo de casos. Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde a una serie de factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en el que esa ofensa tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la forma en la que se investigó el caso. «Nuestros esfuerzos legales para llevar a los terroristas ante la justicia involucran tanto a los tribunales federales como a las comisiones militares reformadas», apuntó Holder. El Congreso reformó recientemente las citadas comisiones y les prohibió que utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura. Los observadores señalan que la decisión de juzgar en tribunales federales a los presuntos cerebros del 11-S entraña riesgos para la Administración de EEUU, ante la posibilidad de que alguno de los casos no prospere por algún tecnicismo jurídico.
