WASHINGTON | EFE
El Salvador dio el viernes un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas, al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte.
En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente Mauricio Funes, afirmó que reconoce «plenamente» la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.
La Comisión recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.
También ordenó al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.
En este sentido, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, transmitió a la CIDH el compromiso del Gobierno del presidente Mauricio Funes «de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades» las recomendaciones de la Comisión.
