TEGUCIGALPA | EFE
Las comisiones del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y del de facto, Roberto Micheletti, firmaron ayer el acuerdo para poner fin a la crisis política del país, que contempla la formación, la próxima semana, de un Gobierno de reconciliación nacional.
«Con la negociación de los puntos pendientes, los delegados de las dos comisiones acaban de firmar el Acuerdo de Tegucigalpa-San José», anunció ante la prensa el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, en el hotel de Tegucigalpa donde se celebró el acto.
Rico explicó que, tras la resolución el jueves, del punto más conflictivo del acuerdo, el referente a la restitución de Zelaya, que finalmente será decidido por el Congreso, ayer se negociaron «la parte del preámbulo, las disposiciones finales y el cronograma».
«El acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción, que es hoy, y en los próximos días se conformará la comisión de verificación, que va a coordinar la OEA, y el Gabinete de Unidad Nacional, (para lo que hay) de plazo hasta la próxima semana», explicó.
En ese tiempo, indicó, dicho Gabinete «debe estar en funciones», si bien para la decisión del Congreso sobre la restitución o no de Zelaya «no hay un plazo fijado».
«Estoy seguro de que los congresistas tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política de estas determinaciones y espero que lo hagan en el menor plazo posible», agregó.
«Esperamos que todo esto se materialice en un plazo razonablemente corto», agregó.
La comisión de verificación, detalló, estará conformada por dos representantes de la OEA, que coordinará dicho órgano, y un delegado de cada una de las dos partes.
Inmediatamente después de la suscripción del Acuerdo de Tegucigalpa-San José, las dos comisiones se dirigieron al Congreso para que este organismo empezase los trámites necesarios para la restitución de Zelaya, depuesto por un golpe de Estado el pasado 28 de junio.
Respecto al levantamiento de las sanciones de la OEA, Rico resaltó que «eso no puede estar contemplado en un acuerdo, eso es una determinación que tiene que tomar la Asamblea General de la OEA».