Bruselas confía en la ´conversión´ de Irlanda para resucitar el texto       

EFE Las instituciones de la UE confían en un resultado positivo del referéndum irlandés que resucite, casi dos años después de su firma, el Tratado de Lisboa, y permita poner finalmente en marcha las reformas diseñadas para aumentar la eficacia y el peso de Europa en el mundo.

Un "sí" de Irlanda despejaría el camino, aunque no sería todavía el final del vía crucis; un segundo "no", por el contrario, sumiría a la Unión Europea en el marasmo más absoluto en el peor de los momentos.

Para España, que asumirá la presidencia rotatoria de la Unión el uno de enero próximo, el resultado despejará una incógnita fundamental que condiciona todos los preparativos.

Hasta el final, los dirigentes comunitarios han procurado mantenerse en silencio para no interferir en el debate interno irlandés, y porque esperan que la experiencia de la crisis financiera y económica, que tan duramente ha golpeado en el último año al "tigre celta", lleve por sí sola a la milagrosa conversión de los "noes" en "síes".

Garantías para el éxito

Todo lo que podía hacerse desde Bruselas para facilitar al gobierno de Brian Cowen la repetición -y el éxito- de la consulta se ha hecho.

Justo antes del verano, los gobernantes europeos concedieron a Irlanda una serie de "garantías" destinadas a disipar el temor de la ciudadanía a que las nuevas reglas europeas pudieran hacer perder a la república su atractivo régimen fiscal, su tradicional neutralidad o su legislación contraria al aborto.

Se supone que estas preocupaciones estuvieron en el origen del rechazo popular expresado en el referéndum del 12 de junio de 2008.

Como casi siempre en la Unión, la fórmula jurídica acordada para facilitar la repetición del referéndum resultó alambicada.

Las garantías adoptaron la forma de un "protocolo", es decir, un instrumento que tiene la misma fuerza que un tratado y que por lo tanto requerirá ratificación, como exigía Dublín.

Ahora bien, los veintiséis socios de Irlanda se cuidaron muy mucho de aclarar, en las conclusiones de esa cumbre, que el protocolo irlandés "no cambia ni el contenido ni la aplicación del Tratado de Lisboa".

El "sí" sería fundamental

Además, para evitar el peligro de que la ratificación del nuevo instrumento pudiera reabrir la polémica sobre el Tratado en aquellos países que lo han ratificado a regañadientes, como el Reino Unido, o que se resisten todavía, como la República Checa y Polonia, se decidió adosar el protocolo al próximo tratado de adhesión que se firme, el de Croacia o, tal vez, Islandia, en 2010-2011.

Un "sí" irlandés dejaría sin coartada al escéptico presidente checo, Václav Klaus, y a su colega polaco, Lech Kaczynski, quienes se han negado hasta ahora a firmar las ratificaciones en sus respectivos países con el argumento de que el nuevo tratado murió en Irlanda hace un año.

En Bruselas no se descarta, sin embargo, que incluso tras un "sí" irlandés Klaus pueda jugar una última carta contra Lisboa demorando su firma hasta después de las elecciones en el Reino Unido (probablemente en primavera de 2010) con la esperanza de que ganen allí los conservadores, que han prometido un referéndum sobre Lisboa, sin duda mortal para el tratado.

Desde el colapso del proyecto de Constitución europea, en los referendos francés y holandés de 2005, la Unión ha vivido al ralentí, sin atreverse a dar nuevos pasos en el proceso de integración debido a la incertidumbre en torno al futuro de sus instituciones y sus reglas de funcionamiento.

El Tratado de Lisboa, firmado por los veintisiete gobernantes europeos el 13 de diciembre de 2007, fue el intento de recuperar las innovaciones del malogrado Tratado Constitucional que se consideran necesarias para mejorar la eficacia de un club que casi ha doblado el número de sus miembros en menos de una década.

Con el nuevo tratado, la UE dispondría de un presidente estable, aumentaría la coherencia y eficacia de su política exterior -fusionando en una única figura, la del Alto representante, las dimensiones presupuestaria, política y diplomática de su acción internacional- y agilizaría la toma de decisiones, en ámbitos vitales como la lucha contra el crimen, mediante la generalización del voto por mayoría.

Lisboa introduce, igualmente, más democracia en el funcionamiento interno de la Unión: la "iniciativa popular" contempla que un millón de ciudadanos puedan invitar a la Comisión de Bruselas a legislar sobre una determinada cuestión; se extienden los poderes de "codecisión" del Parlamento Europeo, y se crea el procedimiento de "alerta rápida" que permitirá a los parlamentos nacionales verificar que Bruselas no se extralimita en sus competencias.

La maquinaria comunitaria aguarda el resultado positivo del referéndum irlandés para acelerar la puesta en marcha de todos estos cambios, completar la composición de la segunda Comisión Barroso, y proceder al nombramiento de los nuevos cargos.

La presidencia de turno sueca de la Unión ha previsto una reunión de los jefes de Estado o Gobierno los días 29 y 30 de octubre, que será una "cumbre" de crisis, la más negra que se pueda imaginar, si Irlanda volviera a decir "no" a Lisboa.