Honduras se aleja de una salida negociada a la crisis

EFE El adelanto de los comicios, planteado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el conflicto, "violentaría" artículos de la Constitución que prohíben tomar medidas que limiten la participación de los hondureños en la vida política del país, señala la resolución del TSE, difundida hoy por el diario local La Tribuna.

Entre esas consecuencias restrictivas menciona el adelanto del cierre del período de extensión de la cédula de identidad, lo cual dejaría sin derecho al sufragio a miles de jóvenes que cumplirán los 18 años, edad apta para votar, antes del 29 de noviembre, fecha en la que están programadas las elecciones.

El órgano electoral aclara que la decisión sobre un eventual cambio de la fecha de los comicios le corresponde al Congreso, aunque este debe tomar en cuenta su opinión.

Con o sin adelanto de las elecciones, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, aseguró hoy que su país "no reconocerá Gobierno alguno que salga de un proceso electoral producto de un golpe de Estado", una posición que comparten varios gobernantes latinoamericanos y organismos internacionales.

"Sacar a un presidente a punta de fusil, ya no poner a un general gorila, sino a un civil gorila (...) acabar con todas las libertades; y luego esperar a llamar a elecciones, en cinco meses, y no pasó nada", sostuvo, en referencia al golpe del 28 de junio pasado, cuando Zelaya fue detenido por los militares y expulsado del país.

Horas más tarde, el Congreso de Honduras nombró en la Presidencia a Roberto Micheletti, hasta entonces titular del Legislativo.

"Nosotros no lo vamos a permitir, América Latina no lo va a permitir", agregó Chávez.

Pese a este nuevo traspiés en la tarea de negociación adelantada por el gobernante costarricense, hoy su colega mexicano, Felipe Calderón, dijo en la Cumbre de Tuxtla que "el Acuerdo de San José es una propuesta viable que debe ser ejecutada".

A este encuentro, que se realiza en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte de Costa Rica) y reúne a los jefes de Estado de México, Centroamérica y Colombia, Zelaya envió como delegados al ex vicepresidente Aristides Mejía y al ex canciller Milton Jiménez.

"Más de siete millones de hondureños nos piden que tengamos, al menos, la sabiduría de no cometer los mismos errores. Así es que hagamos de Honduras el cristal con que miremos los temas de esta Cumbre", expresó Arias en la inauguración.

En Honduras, empresarios de El Paraíso (oriente hondureño) solicitaron a Xiomara Castro que abandone esta ciudad, fronteriza con Nicaragua, toda vez que el toque de queda impuesto desde el viernes está provocando muchas incomodidades y pérdidas económicas.

En una reunión celebrada en la Casa de la Cultura de El Paraíso, moderada por el alcalde, Ovidio Segura, pidieron a la esposa de Zelaya que "comprenda" la situación y aclararon que no la están expulsando del país.

Castro indicó que las personas que la acompañan son unas 60 e insistió en que teme por su vida y la de los seguidores del depuesto mandatario, luego de que denunciara que esta madrugada civiles y policías afectos a los "golpistas" hicieron "disparos" contra su hotel.

En declaraciones a Efe antes del encuentro, señaló que su objetivo sigue siendo "llegar hasta (el puesto fronterizo de) Las Manos" a reunirse con su esposo y que sus hijos "se abracen con su padre".

Sin embargo, Zelaya comentó a periodistas en el municipio nicaragüense de Ocotal, desde donde trata de organizar una "resistencia" para regresar a Honduras, que su esposa no quiere estar como él: "expatriado ni asilado a la fuerza".

El depuesto gobernante afirmó que su esposa, sus hijos y su madre, Hortensia Rosales, desean salir de Honduras y regresar acompañados de organismos de derechos humanos, así como de dirigentes sociales, obreros, indígenas y campesinos.

Zelaya, que hoy también fue blanco de las críticas de líderes opositores nicaragüenses por sus "actividades irregulares en el norte" del país, volvió a pedir ayuda a la comunidad internacional y específicamente a EE.UU, al que solicitó embargar las cuentas bancarias de los "golpistas" y continuar "apretando" a Micheletti.

"Todo lo que ellos se roban en Honduras lo van a depositar a Miami. Allá tienen apartamentos, negocios, sociedades con bancos", apuntó.

La solicitud la hizo tras reconocer que la decisión de Washington de revocar el visado a cuatro funcionarios del Ejecutivo de Micheletti significa una "señal y un gesto que no acepta los golpes de Estado".

Sin embargo, el ministro de la Presidencia hondureña, Rafael Pineda, aseguró que la decisión estadounidense, a la que calificó de "poco amistosa", "no debe producir ningún desquiciamiento de la institucionalidad ni de la tranquilidad" en Honduras.

La medida de EE.UU. afecta al comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; al ministro de Defensa, Adolfo Sevilla; al magistrado Tomás Arita, quien ordenó a los militares la detención de Zelaya, y al jefe del Parlamento, Alfredo Saavedra.

Pese a sus esfuerzos por ser reconocido por la comunicad internacional, el Gobierno de Micheletti sigue siendo repudiado, tal como lo volvió a dejar en claro hoy el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que "los golpistas deben percibir el mal que le están haciendo a la democracia".

Por su parte, el Congreso mexicano pidió hoy al mandatario Felipe Calderón que convoque a una reunión extraordinaria del Grupo de Río, del que su país ostenta la secretaría temporal, para tomar medidas que permitan restablecer la democracia en Honduras y reinstalar en el poder a Zelaya.

Adicionalmente, las firmas estadounidenses Nike y Gap y la alemana Adidas, que tienen maquilas en Honduras, hicieron pública la noche del martes una carta dirigida al Gobierno de EE.UU. en la que se unen al llamado internacional para la restitución del mandatario.

En contraste, el líder opositor nicaragüense Eduardo Montealegre, quien ayer se entrevistó en Tegucigalpa con Micheletti y representantes de diversos sectores hondureños, atribuyó la crisis a "las violaciones constitucionales de Zelaya y el intervencionismo e injerencia de Chávez".

Además, señaló que continuarán las gestiones para que la Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe una resolución para exigir la expulsión de Zelaya, así como una investigación al Gobierno de Daniel Ortega "por inmiscuirse en asuntos de otro país".