El nuevo gobierno de Honduras no negociará con la OEA la restitución de Zelaya

El nuevo Gobierno de Honduras advirtió ayer de que la restitución del depuesto Manuel Zelaya en la Presidencia no es negociable, horas antes de la llegada al país del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que estuvo precedida de incidentes aislados. Será el primer contacto de un organismo internacional con el nuevo Gobierno.

BOGOTÁ| EFE
El nuevo canciller de Honduras, Enrique Ortez, dijo ayer que si Insulza «viene a exigir la restitución del presidente Manuel Zelaya, mejor que no venga», porque eso «no es negociable». Según dijo el jueves Insulza desde Guayana, el propósito de su viaje es que quienes ejercen el poder desde el domingo «cambien lo que han estado haciendo ahora y encuentren maneras de retomar la normalidad».
Insulza, que llegó ayer al país, se reunirá con representantes del Poder Judicial de Honduras, diputados y representantes de sindicatos, según fuentes diplomáticas, y también con el Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, según dijo su asesor Rafael Alegría. «Ningún organismo internacional puede intervenir en un país para quitar o poner un presidente, porque esa es una atribución de los pueblos», subrayó ayer Ortez, quien manifestó que el Gobierno que encabeza Roberto Micheletti, hasta el domingo pasado titular del Congreso y perteneciente al Partido Liberal, el mismo que Zelaya, está dispuesto a asumir posibles sanciones de la OEA.
Si a Honduras se le separa de la OEA por no restituir a Zelaya como presidente «no pasará nada, ya lo hicieron con Cuba y no pasó nada, Fidel Castro enfrentó esa situación», dijo. El aislamiento internacional del Gobierno de Micheletti, que impuso un toque de queda nada más llegar al poder, a lo que se sumo el miércoles la suspensión de garantías constitucionales, es total.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó ayer su «profunda preocupación» por la suspensión de los derechos fundamentales y la detención de personas. En un comunicado, la CIDH reiteró que «la suspensión de derechos procede solo en situaciones excepcionales fijadas taxativamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.»
El Gobierno de Venezuela, que es el abanderado de la lucha por la restitución de Zelaya, anunció el jueves por la noche que ha ordenado la suspensión del suministro de combustibles venezolanos a Honduras a través del programa de Petrocaribe.
Varios países han retirado o llamado a consultas a sus embajadores en Tegucigalpa y los organismos internacionales de crédito han anunciado la suspensión de desembolsos o nuevas financiaciones a Honduras, hasta que Zelaya sea restituido.
Rebeca Patricia Santos, ministra de Hacienda del Gobierno hondureño depuesto, que representa a su país en una reunión de ministros de Finanzas de América que se celebra en Chile, dijo ayer que las medidas de los organismos internacionales de crédito pueden costar a Honduras entre 300 y 450 millones de dólares. De Zelaya lo único que se sabe es que ayer estaba en El Salvador y que se propone regresar a Honduras, acompañado de varios presidentes, como los de Argentina, Cristina Fernández, y Ecuador, Rafael Correa, después de que finalice el ultimátum de 72 horas dado este miércoles por la OEA a las nuevas autoridades hondureñas. Ese plazo termina exactamente a primeras horas de hoy.
El nuevo presidente Roberto Micheletti dijo el jueves que prefería que Zelaya no regresase al país para evitar un derramamiento de sangre.