La Fiscalía hondureña acusa a Zelaya de traición a la patria

TEGUCIGALPA | E. P.
El Ministerio Público hondureño reveló el miércoles los 18 cargos que se imputan al presidente derrocado Manuel Zelaya, entre ellos traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, y en los que se basa la orden de arresto internacional que ya ha sido remitida a Interpol para su detención, al tiempo que defendió la legalidad de todos los hechos que llevaron a derrocar al mandatario electo.
En rueda de prensa, el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, informó de que ya se ha cursado la orden de arresto a Interpol contra Zelaya, al que se supone responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros, en relación con su intención de realizar una consulta popular con vistas a una posterior enmienda de la Constitución.
Según Urtecho, citado por los medios locales, Interpol «dará captura» a Zelaya «donde se encuentre». Actualmente el ex mandatario se encuentra en Panamá, donde llegó el miércoles procedente de Washington. Preguntado sobre por qué no ha sido detenido hasta ahora si se conoce su paradero, el fiscal adjunto «esas ya no son instancias del Ministerio Público». En este sentido, y tras afirmar que «se presume la inocencia, no se ha condenado al ex presidente de la república, se le siguió una investigación por parte del Ministerio Público y ahora está judicializada», aseguró que «se está brindando a Zelaya toda la protección para que se someta a los órganos judisdiccionales competentes».
«No se le va a violar ningún derecho, puede presentars; hay un debido proceso», aseguró, aclarando que serán la Corte Suprema y el Juzgado Penal los encargados de juzgarle. Entre los delitos específicos se incluye la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez; no enviar en tiempo y forma al Congreso el Progreso General de la República; no transferir fondos al Congreso; así como de varios delitos relacionados con la consulta, como la concesión de fondos para ello.
Por otra parte, Urtecho explicó el procedimiento legal que se llevó a cabo para detener a Zelaya y para su posterior expulsión a Costa Rica. Según el fiscal, la intención del presidente de convocar una consulta era contraria a la Constitución, como había dictaminado la Justicia del país.