Niegan la entrada a España una mujer colombiana y su hija

MADRID | EFE Las autoridades españolas han negado la entrada en España a una mujer colombiana que llegó al aeropuerto de Barajas acompañada de su hija de dos años y nacionalidad española, tras denegarle el derecho de asilo.
La mujer y su hija, que llegaron a Madrid el pasado 25 de junio, embarcaron a mediodía de ayer en un vuelo de regreso a Colombia tras serle denegada también una medida cautelarísima en el juzgado contencioso-administrativo fruto de una petición de 'habeas corpus'. También ha sido desoída la petición en favor de la mujer realizada por la oficina del Defensor del Pueblo, han explicado fuentes del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Dado que la niña nació en España y tiene la nacionalidad española, la juez de guardia que ha visto la medida cautelarísima interpuesta por CEAR para evitar la devolución, ha considerado que podía quedarse al cuidado de un familiar que vive en Gerona, a lo que la madre no ha accedido. CEAR ha considerado que el testimonio de persecución en Colombia de la mujer tenía «la credibilidad suficiente como para estudiarlo más en profundidad», por lo que ha intentado que le permitieran la entrada en España mientras se sustentaba la petición de asilo, han explicado las fuentes jurídicas.
La organización ha recordado que ya en 2005 el Tribunal Supremo rechazó la «desmembración cierta de la familia» provocada por el proceso de expulsión de la madre extranjera de un ciudadano español. «Ni las normas sobre extranjería ni el solo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno», subrayó la sentencia, que criticaba que el menor pudiera permanecer en España con todos los derechos, «pero solo y separado de su madre». En este caso, la menor «carece de nacionalidad colombiana, y por tanto es únicamente ciudadana española, lo que implica que España es el único Estado responsable de garantizar la efectiva protección de sus derechos.