Manuel Zelaya anuncia su regreso a Honduras el jueves

EFE Zelaya dijo que volverá a Tegucigalpa procedente de Estados Unidos, a donde partirá mañana para participar en una sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y otra de la OEA en Washington, y pidió al titular de este organismo, José Miguel Insulza, y a los presidentes que quieran que lo acompañen.

Mientras tanto, se estrechaba el cerco internacional al nuevo mandatario, Roberto Micheletti, cuya legitimidad aún no ha sido reconocida por ningún país, y se producían los primeros choques entre la policía y simpatizantes de Zelaya en los alrededores de la Casa Presidencial.

Fuerzas policiales lanzaron gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que exigían el regreso del gobernante electo democráticamente, expulsado ayer por el Ejército del país y destituido por el Parlamento.

Los agentes, apoyados por dos helicópteros, desalojaron varias barricadas que habían levantado los manifestantes y detuvieron a un número indeterminado de personas que organizaciones sociales cifran en alrededor de una treintena.

Los heridos superaron la veintena, según confirmaron a Efe fuentes de un hospital cercano a la sede de Gobierno, a donde fueron llevados la mayor parte de los lesionados.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las limitaciones a la labor de los medios de información en Honduras, la suspensión temporal de las señales de radio y televisión estatal, y las agresiones de periodistas por parte de los simpatizantes de Zelaya.

Entretanto, Micheletti, que hasta ayer era titular del Congreso, tomó juramento a cinco ministros de su Gobierno.

El nuevo presidente, que tras asumir el cargo por decisión del Legislativo anunció un toque de queda de 48 horas, dijo hoy que emprenderá una campaña para "demostrar (...) que esto no ha sido un golpe de Estado", sino "una sucesión constitucional".

Sin embargo, ningún país parece dispuesto a reconocer este argumento, pues la condena internacional al derrocamiento, que prácticamente todos han calificado como "golpe de Estado", ha sido hasta el momento unánime.

Organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana de las América (ALBA) o el Mercosur, y Gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Cuba o España han solicitado la restitución de Zelaya en la Presidencia de su país.

Varios gobernantes latinoamericanos, como el venezolano Hugo Chávez, el mexicano Felipe Calderón, el cubano Raúl Castro, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales, y el dominicano Leonel Fernández, acudieron hoy a Managua para manifestar su apoyo a Zelaya como jefe de Estado legítimo de Honduras.

La capital nicaragüense, a donde viajó también el depuesto mandatario hondureño, fue escenario de sendas reuniones de la ALBA, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y el Grupo de Río.

La ALBA, a la que se integró Honduras el año pasado, encabezó nuevamente las reacciones al nuevo Gobierno y sus miembros anunciaron la retirada de sus respectivos embajadores en Honduras hasta que los responsables del "golpe de Estado" depongan su actitud y restituyan a Zelaya.

La medida había sido propuesta por el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para quien "el aislamiento de Honduras, mientras no tenga un presidente democráticamente electo en el poder, es una decisión de todos los foros de América Latina".

La decisión de la ALBA fue secundada por los países del SICA, organismo integrado por las naciones de Centroamérica y la República Dominicana, una medida que algunos ya comenzaron a aplicar.

Además, instruyeron a sus directores ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que suspendan todos los préstamos y desembolsos para Honduras, rechazaron cualquier tipo de reunión con el "Gobierno de facto", y vetaron la participación de todo representante de éste en las citas del SICA.

Igualmente, solicitaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se emita una resolución condenatoria y se adopten las medidas coercitivas contra "los golpistas".