EFE
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dio a conocer que por orden del juez de procesos penales del estado de Nayarit, los 27 regidores y funcionarios estatales serán trasladados al penal de máxima seguridad número 4 en el mismo estado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico.
El fiscal recordó que el pasado 27 de mayo se ordenó el arresto preventivo en contra de 30 personas, 10 de ellos alcaldes y el resto funcionarios públicos por considerar que "se reúnen los elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad".
Además del procurador, entre los ahora arrestados están el subprocurador, el coordinador de asesores del procurador y la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, el director del Instituto de Formación Policial, varios jefes policiales y agentes de diversos municipios.
De los diez alcaldes detenidos originalmente, solo se envió al centro penitenciario a los alcaldes de Apatzingan, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, Zitácuaro,
Medina Mora dijo que las investigaciones de la fiscalía especial en delincuencia organizada establecen que las 27 personas, aprovecharon su cargo público para favorecer y fomentar las actividades de narcotráfico de la organización "La Familia Michoacana", principal productor de drogas sintéticas del país.
Los tres restantes burgomaestres que no fueron consignados al juez permanecerán en arresto preventivo hasta agotar las investigaciones para resolver su situación jurídica.
El arraigo (arresto preventivo) es una herramienta legal que emplea la fiscalía para mantener detenidos en un lugar especial a sospechosos de delitos graves para ampliar las investigaciones que habrá de presentar a un juez, quien decide primero si otorga la detención formal y después si procesa al acusado.
La detención de los alcaldes provocó que varios miles de sus seguidores protestaran por considerar que se habían violados sus derechos y que el hecho tenía un trasfondo político más que una acción legal contra el narcotráfico.
Las bandas de narcotraficantes libran una batalla en la mayor parte del territorio mexicano, en la que por su poder de corrupción han involucrado a numerosos funcionarios de seguridad de todos los niveles.
En los cinco meses y medio de año la violencia desatada por los carteles han dejado más de 3.000 muertes, mientras que el año pasado se rebasaron los 6.000 asesinatos, según recuentos periodísticos.
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