CARLOS SANTAMARÍA.EFE
"Es un asunto interno y debe ser canalizado a través de nuestro sistema legal, sin injerencias del exterior", indicó el viceministro de Defensa birmano, general Aye Myint, ante los participantes en la última jornada de conferencia de seguridad asiática en Singapur, a la que asistieron ministros, jefes de las Fuerzas Armadas y expertos.
Suu Kyi, quien lleva sin libertad de movimiento desde 2003, es juzgada en la prisión de máxima seguridad de Insein, en Rangún, por presuntamente haber violado los términos de su arresto domiciliario al haber dado refugio a un extranjero en su casa.
"Intentó ocultar la verdad al no informar a las autoridades de la presencia, como establece la ley", afirmó el general.
La activista de 63 años ha admitido en su juicio que acogió al estadounidense John William Yettaw cuando irrumpió, sin ser invitado, en la casa y dijo que la culpa de esa intrusión es de los cuerpos de seguridad que vigilaban la vivienda.
El viceministro de Defensa birmano subrayó que "no hubo otra opción" que procesarla por su crimen, porque "nadie puede estar por encima de la ley", de lo contrario, "prevalecería la anarquía, y eso llevaría a la disolución de Myanmar".
Antes del general birmano intervino la secretaria de Estado para Defensa del Reino Unido, Ann Taylor, quien, entro otras cosas, exigió la puesta en libertad inmediata de Suu Kyi.
"Suu Kyi no está sola. Están a su lado todo el mundo y el pueblo birmano, que ya ha sufrido medio siglo de aislamiento", indicó Taylor.
La víspera y en el marco de la misma reunión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, también pidió liberar a Suu Kyi y al resto de los cerca de 2.200 presos políticos de Birmania.
La ONU, el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y gobiernos de todo el mundo han intervenido en favor de Suu Kyi.
"Todos los países deben evitar inmiscuirse en los asuntos internos de Myanmar, pues ello puede afectar a la paz y la seguridad de la región, y a nuestras relaciones con las naciones vecinas", aseveró el viceministro de Defensa birmano hoy.
Suu Kyi ha pasado bajo arresto domiciliario 13 de los últimos 19 años y, de ser hallada culpable, puede ser condenada a una pena de entre tres y cinco años de prisión.
En ese caso, no podría tomar parte en las elecciones generales que el régimen birmano planea convocar en 2010 con la Constitución que redacto y consiguió aprobar en un referéndum el año pasado.
La Liga Nacional por la Democracia, la formación política de Suu Kyi, y otros partidos de oposición y las minorías étnicas rechazaron la Carta Magna y boicotearon el plebiscito.
El texto constitucional impide a Suu Kyi ser presidenta del país porque estuvo casada con un extranjero, el catedrático británico Machael Aris, quien murió de cáncer hace una década, y porque sus dos hijos, que viven en el exilio y no ven a su madre desde hace casi una década, disponen de pasaporte del Reino Unido.
Birmania es una dictadura militar desde 1962 y no celebra elecciones democráticas desde 1990, en las que ganó por abrumadora mayoría la oposición encabezada por Suu Kyi, aunque los generales desacataron el resultado.
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