La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, para su consideración, las últimas declaraciones efectuadas a través de los medios de comunicación por parte de los responsables de la empresa Solvalgaray Marítima, en relación al retraso en la entrada en servicio del edificio de aparcamientos del puerto de la Savina.
En una carta dirigida al fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, la APB considera evidente que las manifestaciones efectuadas por parte de esta empresa «toman el carácter de intimidación y amenaza con el fin, no sólo de aliviarse de su contrariedad, sino algo más grave, como es someter a nuestros órganos de gestión y a sus funcionarios a una presión que busca alterar la adecuada ecuanimidad que debe regir su función».
Por ese motivo, los servicios jurídicos del organismo portuario han decidido recurrir a la Fiscalía por si en las declaraciones realizadas por el letrado y representante de la empresa, Raimundo Clar, hubiera indicios de delito.
La misiva de la APB ha ido acompañada de un resumen de prensa en el que se recogen las declaraciones públicas efectuadas en los últimos días por parte de la empresa concesionaria.
El pasado sábado 19 de mayo, la empresa emitió un comunicado en el que denunciaba estar sometida a un «acoso administrativo improcedente» por parte de la APB.
Raimundo Clar denunció en una nota de prensa que el organismo portuario mantiene una actitud de «beligerancia administrativa» hacia su empresa.
Ante las críticas anteriores vertidas por la Agrupación empresarial de vehículos de alquiler con y sin conductor de Baleares (Aevab), en las que denunciaban que Solvalgaray pretendía «subastar» los locales del parking del puerto de la Savina, Clar aseguró que asumían «las condiciones impuestas por la APB a pesar de considerarlas totalmente injustificadas». Pero al parecer todavía no han presentado esa propuesta.
Beneficio a particulares
El representante de Solvalgaray señalaba entonces que esas condiciones no estaban contempladas en los pliegos del concurso, en contra de lo que asegura la propia APB. A juicio de la empresa, hay «una evidencia clara» de intentar beneficiar a determinas empresas de alquiler que vinculó con la empresa Savina Urbana, con la que compitió en el concurso del parking, «y no al interés general», acusó Clar.
Por otra parte, la APB confirma, en la nota de prensa, que Solvalgaray Marítima no ha presentado «a día de hoy» una propuesta de reglamento de gestión del aparcamiento «acorde a las condiciones ofertadas en la licitación del concurso de gestión, por lo que no se puede autorizar de momento su apertura al público», reitera el organismo portuario.
