El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el gerente de la corporación insular, Isidor Torres, han declarado esta mañana como investigados ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de dos bomberos.

"Yo, ante la jueza, he defendido la postura del Consell de Formentera, pero es una evidencia que la competencia directa no la ejercía yo, [así que] cuando la magistrada me pregunta quién ejercía estas competencias dije que era la consellera de Medio Ambiente [que entonces era Silvia Tur, actual diputada en el Parlament], que era la responsable de Bomberos y Protección Civil, y la consellera de Educación y Cultura, Sonia Cardona [actualmete consellera de Participación Ciudadana], encargada de Recursos Humanos", ha declarado Ferrer a la salida de los juzgados.

"¿Se puede decir entonces que el presidente se lava las manos?", se preguntó Ferrer. "¡No!", se respondió. "Pero las cosas son así", razonó.

La comparecencia de Ferrer en el juzgados deriva de la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dictada el pasado 20 de marzo de 2017, en la que el magistrado, Alejandro González Mariscal de Gante, anuló la contratación de dos bomberos voluntarios y obligó a reconocer las reclamaciones del demandante, un aspirante que quedó séptimo en un bolsín de ocho personas de bombero voluntario destinado a cubrir cinco puestos para cubrir este servicio.

Sin embargo, los dos aspirantes anteriores no cumplían los requisitos, ya que no tenían el carné necesario para conducir camiones de bomberos.

"Pero hay un plazo de cuatro meses [posterior al concurso] para conseguir el carné C, y así lo avalan los informes técnicos y jurídicos del Consell", remarcó Ferrer en la puerta de los juzgados.

En la demanda, el magistrado del TSJB dio la razón al demandante y consideró que, a la hora de adjudicar las plazas, el Consell de Formentera "no cumplió con las propias bases del concurso, interpretando a su interés las cláusulas del mismo y paralizándolo a fin de favorecer el ingreso de ciertas personas sobre otras sin que ello se justifique de otro modo".

Ferrer, que subrayó que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 está recurrida ante el Supremo, dijo que ha salido "tranquilo" de su declaración ante la magistrada.

"He respondido a todas las preguntas que nos han hecho tanto la magistrada como la parte contraria [la abogada del aspirante que denuncia el posible delito de prevaricación], así que estamos tranquilos y pendientes de que se resuelva este caso definitivamente", dijo Ferrer.