El ultimátum velado que dio el pasado martes la Autoridad Portuaria de Balears (APB), a través de su presidente Joan Gual de Torrella, a la concesionaria del edificio del parking de la Savina, la empresa Solvalgaray, para que cumpla con los requisitos para la concesión del alquiler de locales y plazas de aparcamiento, se basa en que la empresa, según la patronal del alquiler de coches, dejaría de aplicar las tarifas aprobadas por el alquiler de locales y plazas de aparcamiento para turismos y motos hasta duplicar su facturación anual.

El presidente de la APB incluso advirtió de que si la concesionaria no daba una respuesta satisfactoria, «en breve» iniciaría un expediente de caducidad de la concesión, que es a 18 años, por lo que la instalación tampoco abriría este año.

Los precios máximos que recoge el pliego de condiciones establecen un coste anual de alquiler por metro cuadrado de local de 466 euros, de 1.500 euros por una plaza de parking para coche y de 373 euros para una moto. Además, el contrato recoge un trato preferente para las empresas que ya ocupaban un espacio en el anterior edificio que fue demolido para construir el actual, finalizado en 2016 pero que todavía no está abierto.

El problema radica, denuncian las empresas, en que la propuesta de Solvalgaray no contempla preferencias y además abre la puerta al mejor postor, estableciendo unos precios de salida en forma de pack en el que el alquiler de un local va necesariamente asociado a un número determinado de plazas de aparcamiento. De esta forma, se prescinde de las tarifas aprobadas y se fija un precio por minuto de estacionamiento que se multiplica y sirve de criterio para fijar el coste anual. Así, Solvalgaray (del grupo de empresas de Nicolás Mayol) oferta 12 locales de entre 15 y 32 metros cuadrados que van asociados al alquiler de un número concreto de plazas de coches y motos: entre las seis y 10 plazas para motos y las siete y 12 plazas para turismos por local.

El resultado es que el pack y el más caro, de 85.000 euros. Según estas cifras de la patronal, la concesionaria obtendría unos ingresos anuales de 816.000 euros.

En cambio, si aplicara el criterio aprobado, tal y como piden la APB y el sector del alquiler, la facturación sería de 330.473 euros al año, que se desglosan en 128.520 euros por alquileres de locales, 163.500 euros por aparcamientos para coches y 38.452 por los de las motos. La diferencia es de 485.000 euros.

El representante de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Baleares (Aevab) en Formentera, Javier Verdera, mantiene cierta esperanza de que el edificio pueda abrirse este año teniendo en cuenta las declaraciones del portavoz de la concesionaria a este periódico, que dijo estar «abierto a la negociación». Verdera explicó que tras la reunión mantenida con el presidente de la APB había arrancado su compromiso de que mantendrían este año la misma ocupación de plazas en la calle en caso de que no se consiguiera la apertura del edificio de parking.

Lo que dejó claro es que el sector «no va a aceptar la extorsión» por parte de la concesionaria, que a su juicio está en el origen del problema. Es más, indicó que habían intentado ponerse en contacto con ellas a través de burofax, sin haber obtenido respuesta.

Verdera insistió: «Esto es una extorsión pura y dura. Tenemos un edificio terminado desde hace dos años y que no se usa». No obstante, dijo que la única negociación pasa por «negociar los precios del pliego de condiciones, sí o sí».

El presidente de la Pimef, Pep Mayans, en declaraciones a Radio Ibiza Ser, pidió soluciones rápidas a las administraciones implicadas para evitar el deterioro «de la imagen que se da a los visitantes de la entrada a la isla». Teme que «de nuevo se repetirá el colapso de las instalaciones portuarias de la isla».