La propuesta de la Ley de sostenibilidad medioambiental y turística para Formentera en la que trabaja el Govern balear, a instancias del Consell de Formentera, y que presentará el próximo 7 de febrero la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en el Consell d'Entitats, va más allá de la limitación, en verano, de la entrada de vehículos o de poner un cupo a los coches y motos de alquiler de las empresas locales.
Lo más importante de esta propuesta es que contempla «la aprobación de un plan específico que recoja las medidas necesarias en materia de ordenación del territorio, turismo y medio ambiente para alcanzar los objetivos marcados». Incluso en este apartado señala que estas medidas «deben ir acompañadas de subvenciones destinadas a fomentar las conductas de las empresas y de los particulares que residen en la isla».
Pero el borrador de esta nueva normativa, que el Ejecutivo balear tramita por la vía de urgencia, lo que reduce a la mitad los plazos de la tramitación legislativa, parte de una consideración que está en la base de toda la propuesta y que la justifica. Así, el Govern avanza que esta futura ley «quiere partir de una declaración de la isla de Formentera como zona de sostenibilidad medioambiental y turística en riesgo».
Esto significa que la institución competente, en este caso el Govern, cumpliendo con la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia, está facultada «para adoptar medidas orientadas (...) a luchar contra contaminación atmosférica y acústica, a ordenar la afluencia turística, evitar la congestión de las vías públicas y la saturación del parque de vehículos a motor». Esas medidas también deben contemplar «la mejora del entorno natural, la calidad de vida de la población y la imagen turística».
Este avance de la propuesta a debatir en el Consell d'Entitats, donde están representadas más de sesenta asociaciones ciudadanas locales, enumera las líneas maestras: «Limitar temporalmente la entrada de vehículos a Formentera, así como la circulación de vehículos contaminantes, y fijar un número máximo de vehículos de alquiler».
Al mismo tiempo, persigue «potenciar el transporte público y la movilidad sostenible con el fomento del transporte en bicicleta, de las rutas verdes y los vehículos eléctricos o no contaminantes».
La futura normativa contempla un régimen sancionador para orientar «a los visitantes y residentes en las buenas prácticas que conducirán a la sostenibilidad medioambiental».
La propuesta elaborada por la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad, a propuesta del Consell de Formentera, apunta que la consecución de los objetivos expuestos sólo se puede lograr con la aprobación de una ley que permita «perfilar un modelo territorial, económico, ambiental y social sostenible, coherente con el hecho insular», para lo que está habilitada la Comunidad Autònoma balear.
Incluso el Ejecutivo ya ha acordado la declaración de urgencia de la norma, lo que reduce a la mitad sus plazos de tramitación, en base a «razones de interés público que se dan en la isla de Formentera para conseguir dirigir las circunstancias actuales de saturación turística y de vehículos que ponen en riesgo el equilibrio medioambiental».
Hoy concluye el trámite de consulta pública que sólo pretende recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía. Pero el objetivo del Govern es que esta Ley de sostenibilidad de Formentera, sea tramitada cuanto antes en el Parlament balear, para que pueda ser aplicada en 2019.
Consenso político
Consenso político
La regulación de la entrada de vehículos a Formentera es un debate que viene de lejos y que el PP se atribuye como impulsor desde 2012, año en el que la Pime también lo planteó. Pero el punto de inflexión se marcó durante las sesiones del Consell d'Entitats de 2014 y 2015, cuando los representantes ciudadanos se mostraron claramente partidarios de aplicar restricciones a la entrada de vehículos e incluso de turistas.
Entonces, el Consell de Formentera inicio el trabajo en esta línea en colaboración con el Govern balear, dado que es la CAIB el organismo público competente para aprobar una ley de estas características. De hecho, esta propuesta es una de las 14 consensuadas para esta legislatura por parte de todos los partidos políticos locales.
