Notario, escritor a punto de publicar su segundo libro, estudiante de un máster de Bioética y corredor de ultradistancia, el dinamismo de Javier González raya la hiperactividad. Y la facilidad y la diligencia con la que el notario de Formentera desarrolla todas esas ocupaciones resulta casi insultante para el resto de los mortales. Rompiendo el estereotipo que describe a los notarios como gente gris, aburrida y abonada a la circunspección, González resulta afable, entretenido y muy interesante.

Del mundo del notariado llaman la atención dos cosas: su doble naturaleza como funcionarios y trabajadores autónomos, y que el Estado decida y limite cuántos notarios puede haber en un lugar.

Somos funcionarios públicos pero también funcionamos como profesionales independientes. Desde el punto de vista de la Seguridad Social somos autónomos. Mis ingresos son los que me proporcionan mis clientes y mis gastos son los derivados del mantenimiento de la oficina notarial, incluidos los empleados. La parte de funcionario supone que, por ejemplo, yo no puedo rechazar a ningún cliente: un abogado puede elegir a sus clientes, pero yo, si alguien viene a firmar una escritura pública y esta se adapta a la legalidad, tengo que firmar, independientemente de que esa persona me guste más o menos. En cuanto a los numerus clausus, el número de funcionarios siempre es limitado. Y es el Estado el que asigna los lugares donde hay plaza notarial. Se establece el número de notarios por la cifra de población o, como en el caso de Formentera, por una cuestión de servicio público, porque esta notaría, establecida a finales de los 60, fue deficitaria durante muchos años.

Esa limitación territorial parece una forma de ‘repartirse el pastel’, de evitar la competencia.

El que no exista competencia tiene una contrapartida: yo no puedo fijar libremente lo que cobro a mis clientes pero un abogado puede determinarlo según cada cliente. Si hablamos de competencia debemos hablar en todos los ámbitos. Por ejemplo, un abogado puede trabajar su cartera de clientes y luego puede vender su despacho, o pasar ese negocio a sus hijos. Yo no puedo dejar absolutamente nada de la notaría a los míos. Además, Formentera puede parecer una plaza apetecible, pero yo he estado en pueblos con 300 ó 700 habitantes. Ahí es donde se ve el carácter de servicio público de las notarías, porque si no fuéramos funcionarios, esos lugares no dispondrían de este servicio.

Otra de las cuestiones que les diferencia de los abogados es la obligatoriedad de ser imparciales. Un letrado puede tomar parte, pero usted habrá visto numerosas injusticias y no habrá podido hacer nada.

Evidentemente, somos sujetos y es imposible no analizar las cosas desde el punto de vista subjetivo, pero a la hora de aplicar el derecho, que es lo que finalmente hago, no me queda otra que la imparcialidad. Unas veces te cuesta más dormir que otras y a veces te llevas una mochila para casa. Para superar esos malos tragos hago otras cosas como escribir, hacer deporte, estudiar... Pero es importante señalar que nuestro reglamento, cuando habla de la neutralidad, dice que sí, neutralidad pero procurando la defensa de la parte más débil en el contrato. A raíz por ejemplo de los problemas por la contratación entre los bancos y los consumidores, tenemos que ser neutrales, tenemos que ser imparciales, pero también tenemos que velar por la parte que está más necesitada de protección, que obviamente es el cliente frente a toda la maquinaria de los bancos.

Y eso es lo que usted hizo en 2013, cuando su nombre se hizo popular en toda España al decidir incluir una cláusula en las escrituras de préstamos personales y de hipotecas que firmaba advirtiendo de que las entidades bancarias imponían unos intereses de demora abusivos.

Me vi en la necesidad de pronunciarme. No pude callar ante lo que veía en mi oficina cada día. Estar firmando un préstamos en el que se dice que en caso de retraso el interés será del 27% o del 28% anual, es una barbaridad. De hecho, cinco años después, las aguas han vuelto a su cauce y lo que yo decía es lo que se está afirmando ahora: que los intereses de demora eran abusivos, que la cláusula suelo era de dudosa legalidad, que la posición de los bancos es una posición, no digo que sea directamente abusiva, pero sí de fuerza frente al cliente, hay un desequilibrio tremendo y eso es lo que tenemos nosotros que procurar solventar.

Ahora hemos asistido a un caso parecido con las cláusulas suelo de las hipotecas.

En Formentera tenemos la suerte de que ha habido muy poca conflictividad hipotecaria, no sé si por el nivel económico que tenemos, pero ha habido muy pocas ejecuciones de hipoteca, y de esas pocas sólo algún caso afecta a personas necesitadas. Personalmente, pienso que son abusivas. Desde el punto de vista técnico, encuentro que además de las razones que han manejado los tribunales para declarar nulas las cláusulas suelo hay otras. No es un problema de que la gente conozca o no lo que está firmando. Yo comparo este tema con la buena praxis médica. Cuando vas a un médico, evidentemente tienes que prestar tu consentimiento para la actuación médica, pero ese consentimiento en ningún caso suple una mala praxis, el médico debe sujetarse a unas reglas. En el mundo financiero debería ser así. El consentimiento es necesario para que tú puedas firmar un préstamo pero debe haber una buena praxis bancaria regulada legalmente y esto es lo que sigue fallando aquí. Me parece muy bien que en una situación de grandes empresarios o de dos bancos negociando, que se tiren al barro y peleen como quieran, pero en una situación de desequilibrio tan radical, debe intervenir el Estado y decir cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles no.

¿La Tierra seguiría rodando si no existieran los notarios?

El mundo puede funcionar sin nosotros, de hecho, en el mundo anglosajón no hay. Pero eso exige un cambio absoluto del paradigma jurídico y económico. En España, la escritura pública firmada ante notario te garantiza que eres el propietario de la casa que estás comprando. En Estados Unidos, por ejemplo, no es así. Como no hay notarios, en la compra venta de un inmueble intervienen dos abogados, uno por cada parte, y una compañía aseguradora que te garantiza que si la persona que te vende no es el propietario, te indemniza. Al final, el sistema económicamente resulta más caro y es más complicado. Solo hay tres formas de garantizar la propiedad: con un palo en la mano, con un seguro o con un documento público. Si optamos por un sistema sin notarios, tenemos que tener en cuenta que se deben modificar un montón de circunstancias y cuestiones que damos por supuestas, a nivel económico y legislativo. Entiendo que las compañías aseguradoras y los bancos estarían encantados de que no hubiesen notarios. Ya hay presiones, porque piensa que, si nosotros desaparecemos, todo lo que es la negociación intervenida por funcionarios públicos va a caer en manos de bancos y compañías aseguradoras.

Los notarios de Ibiza aseguraban en 2015 que habían reducido su actividad hasta en un 80% por la crisis.

Aquí no se llegó a esas cifras, ni mucho menos. Ahora es verdad que se nota mucha más alegría que hace tres o cuatro años en la compraventa y, sobre todo, mes a mes se ve un incremento de precios.

¿Todavía queda algo por vender en la isla?

Lo que se mueve sobre todo es terreno rústico para construir, fincas de 15.000, 30.000 o 40.000 metros cuadrados y vivienda usada en el campo. De las ventas de casas, es llamativo que un porcentaje mínimo, quizá un 10%, se destina para vivienda habitual, el resto es para vivienda vacacional, y esto enlaza directamente con el problema tan grande que hay de vivienda en la isla.

¿Y quién está comprando?

Hasta hace muy poco la operación tipo era la de un alemán mayor vendiendo a un italiano joven. Ahora los italianos, que ya no son tan jóvenes, están liquidando las inversiones que hicieron a mediados de los 90. Los compradores son fundamentalmente españoles, franceses y hasta un par de chinos que compran como inversión a largo plazo y a los que nunca se les ve por aquí.