El Consell de Formentera ha presentado alegaciones para evitar la ejecución provisional de la sentencia número 87, del 28 de febrero 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que anula el nombramiento de nueve policías locales que habían aprobado unas oposiciones convocadas en 2014 para ser personal fijo. El conseller de Presidencia, Bartomeu Escandell, advirtió de que «esta solicitud del Gobierno de España pone en una situación grave al cuerpo de Policía Local, que ahora mismo cuenta con 13 efectivos».
El Gobierno del PP argumentó que las nuevas plazas otorgadas en 2014 iban en contra de la ley de racionalización (Ley Montoro), que pide a las Administraciones ahorrar en tiempos de crisis, recordó Escandell. «Pero ahora, tres años después de haber convocado las plazas, y teniendo en cuenta la necesidad de policías en Formentera, encontramos que pedir la ejecución de la sentencia por parte de la delegación del Gobierno iría en contra de los intereses de los ciudadanos de Formentera y la seguridad de la isla», agregó. Además, el conseller destacó que «mientras se solicita la anulación de las plazas de Formentera, el Estado sí convoca 5.197 plazas nuevas de Policía y Guardia Civil».
La delegación del Gobierno en Balears presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell de Formentera de 22 de agosto de 2014 para aprobar la convocatoria del concurso oposición para proveer de nueve plazas de funcionarios de la Policía Local. El Juzgado contencioso administrativo número 1 de Palma desestimó este recurso en 2016. Pero el Gobierno presentó un recurso de apelación, por el que se anula la convocatoria.
