El presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, está buscando un acuerdo de buena voluntad entre las partes implicadas para buscar una solución respecto a la apertura del edificio de aparcamientos de la Savina, destinado a vehículos de alquiler. La APB sigue manteniendo que no puede firmar la recepción de esta obra ya que el resultado final no se ajusta al proyecto presentado por la empresa Solvalgaray, que ganó el concurso de construcción y gestión de este parking que permanece cerrado. Entre otras razones está la posibilidad de que la segunda empresa que se presentó al concurso, La Savina Urbana, lleve el caso a los tribunales en caso de que la APB firme el acta.
Joan Gual de Torrella recordó que la APB «no es una empresa privada»: «En ningún momento su Consejo de Administración, ni yo en su nombre, puedo firmar arbitrariamente una opción que se interprete favorable a una de las partes». Ante este bloqueo las opciones que le quedan a la APB son, según Gual de Torrella: «Iniciar la caducidad de la concesión [de Solvalgaray] por este incumplimiento, esperar a que un juez nos diga lo que hay que hacer o bien intentar, entre todos, una aproximación de generosidad y ponernos de acuerdo».
Gual indicó que el objetivo es que para la próxima temporada de 2018 los coches de alquiler ocupen el edificio teniendo en cuenta que para entonces la APB tiene proyectada una importante obra que cambiará el aspecto de la zona portuaria de la Savina «en una zona de paseo y ajardinada, por lo que sería una lástima que esto no pudiera quedar resuelto de aquí a un año vista», insistió.
El presidente del organismo portuario se desplazó ayer a Formentera para mantener una reunión y explicar la situación a los empresarios del sector del alquiler de coches y motos. A la reunión asistió el presidente balear de l'Associació de Vehicles de Lloguer de Balears (Aevab), Ramón Reus.
La concesionaria
El letrado de Solvalgaray, Raimundo Clar, defendió la actuación de la empresa: «Hemos cumplido estrictamente y más allá de nuestras obligaciones todos los términos de esta concesión». Por eso consideran que «la pelota está en manos de la APB» y afirma que la empresa se siente «cogida de pies y manos: «No podemos hacer nada más».
Clar indicó que si el organismo portuario considera que pueden hacer algo para desbloquear la situación «que lo diga expresamente»: «No entendemos cuál es la situación, no entendemos cuáles son los planteamientos de la APB ni por qué el edificio no se ha recepcionado ni está en funcionamiento».
Respecto al llamamiento del presidente de la APB para hacer gestos de «generosidad», el letrado de Solvalgaray aseguró que han hecho todo lo que les ha pedido la APB y más.
Clar desveló que Solvalgaray tiene firmado un compromiso, y así consta en el expediente, «para realizar unas inversiones adicionales, que sugiera la APB, y mejoras, tanto ornamentales como de inversión, para compensar esta diferencia de altura; incluso inyectar dinero en efectivo para realizar mejoras en zonas adyacentes a la concesión y ajenas a esta». Añadió que la APB no se ha puesto en contacto con ellos y que siguen dispuestos a encontrar una solución.
Situación absurda
Joan Gual de Torrella explicó que el motivo de la visita que realizó ayer fue explicar a los rent a car «una situación aparentemente absurda, que es que haya un edificio de aparcamientos acabado y toda una flota de alquiler en la calle». El motivo es que «la APB no ha podido recepcionar el edificio por unas deficiencias técnicas que no se ajustan al pliego de condiciones del concurso». Precisó que esto se traduce en una carencia en la estructura del edificio que representa alturas, 12 centímetros, más bajas de las que estaban previstas, «lo que técnicamente tiene un inconveniente más o menos salvable pero a la vez limita de cara al futuro nuevas opciones de acceso a modelos de coches que se puedan dar».
Reconoció que lo que realmente frena la decisión es que este concurso tuvo dos licitadores: «Y el que ha perdido [La Savina Urbana] puede considerar, y creo que considera, que altera las reglas de la competencia en el sentido de que el ganador ha hecho una obra de estructura diferente a la que estaba en el proyecto, ningún informe jurídico nos deja claro que podamos recepcionarlo».
