La Abogacía del Estado ha devuelto la pelota a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y vuelve a dejar en sus manos la decisión de abrir el edificio de aparcamientos del puerto de la Savina, cuyas obras concluyeron en marzo de este año, y que permanece cerrado.
En su informe, la Abogacía del Estado considera que la APB es la responsable de desbloquear esta situación y le pide que valore si la diferencia económica entre la valoración por la que se concedió el proyecto a la empresa Solvalgaray (del grupo de empresas Nicolás Mayol), y el resultado final de la obra, al que le faltan en el sótano 12 centímetros de altura, puede influir o no en las bases y el precio inicial del concurso.
De momento, para los meses que quedan de verano fuentes de la APB aseguraron a este periódico que mantendrán la misma postura.
«No vamos a recepcionar el parking , por lo que este verano no habrá parking», insistieron desde Palma.
La APB considera que ha habido una modificación inicial del proyecto «no autorizada», con aviso previo a la empresa concesionaria, por lo que el organismo sostiene que no pueden recepcionarla, según las mismas fuentes.
La pregunta planteada a la APB por la Abogacía del Estado es si considera que la recepción del edificio puede alterar «la concurrencia» de otras empresas que presentaron ofertas a ese concurso.
La otra empresa
La otra empresa
En este punto, y de forma indirecta, se hace referencia a la otra empresa que se presentó, La Savina Urbana (del grupo de empresas de Ángel Bustos), que fue descartada por la mesa de contratación de la APB.
El representante de la empresa concesionaria, Raimundo Clar, explicó que la Abogacía del Estado había emitido un informe sobre este asunto en el que «establece clarísimamente que el problema son 12 centímetros, y no 60 como se dijo en un principio».
El letrado de la empresa concesionaria también señala que la Abogacía del Estado solicita un informe técnico que, según aseguró, «ya existe, osea, que en estos momentos, y a nuestro entender, se dan todas las circunstancias para que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria lo apruebe en la primera reunión que tenga».
