El organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento y en el que se integra la Autoridad Portuaria de Balears (APB), tiene ya decidido que el puerto de la Savina no necesita ampliar sus muelles. Su presidente, Josep Llorca, lo dejó claro ayer en su primera visita oficial a Formentera: «Con los estudios de demanda que tenemos y con la política que sigue la isla, [el puerto] está dimensionado en condiciones de capacidad más que suficientes, por lo que no tenemos ningún plan en el escenario plurianual en el que se mueven los Presupuestos del Estado para que haya una ampliación generadora de capacidad con nuevos diques».
Llorca fue muy claro en este tema, que se sigue defendiendo, con más o menos intensidad, por parte de algunos partidos políticos locales como el PP y el PSOE. «El puerto de la Savina cumple las previsiones de forma satisfactorias para los próximos años para dar servicio a la demanda», recalcó.
El edificio del aparcamiento
El máximo responsable de los puertos del Estado también explicó la situación en la que se encuentra el edificio de aparcamientos de la Savina, que la APB no ha recepcionado ya que no cumple con el proyecto inicial por el que se le otorgó la concesión.
Josep Llorca explicó que la Autoridad Portuaria, cuando otorga una concesión administrativa, como es el caso de este edificio que ha construido la empresa Solvalgaray (del grupo Nicolás Mayol), lo hace «a riesgo y ventura» del concesionario, al estar en el dominio público. Esto quiere decir que, cuando se otorga un contrato de estas características, la empresa concesionaria se tiene que ajustar a las premisas que marca el correspondiente pliego de condiciones: «Cuando no se siguen los trámites que corresponden por parte de la concesionaria, se debe estudiar si se ha producido y si es así eso puede suponer incluso la caducidad de la concesión».
Josep Llorca explicó que lo que está haciendo ahora la APB es evaluar «los incumplimientos del concesionario y el coste de los mismos y ver si hay penalizaciones o no». Admitió que la situación de tener un edificio construido y que no puede ser utilizado, como es el caso, no deja de ser una paradoja: «Esto no quita que tenemos una obra realizada y veremos si está en condiciones o no». Recordó que los servicios jurídicos de Puertos del Estado y la APB están estudiando el caso y reconoció que los trámites Administrativos «pueden ser lentos pero porque la administración es garantistas para asegurar los derechos de todo el mundo para así evitar entrar en bucles judiciales». «No es rápido pero tampoco es lento, entiendo que tenemos que tomar decisiones para que este verano esto esté resuelto», recalcó.
Junto con el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y varios consellers, la comitiva se trasladó después al faro de la Mola, por el que la institución insular apuesta como centro cultural.
