El sector inmobiliario de Formentera se ha movilizado presentando un manifiesto ante el Consell Insular en el que reivindican el derecho a alquilar libremente apartamentos a turistas en edificios residenciales.
Este colectivo, formado por 14 firmas del sector, considera que la opción del alquiler vacacional «no es en absoluto una competencia desleal para la oferta hotelera». Recuerdan que las tendencias del mercado apuntan, cada vez más, a que los turistas busquen este tipo de ofertas de vacaciones, «que les permiten mayor privacidad y libertad».
Este colectivo considera que este tipo de oferta «es beneficiosa para el conjunto de la sociedad porque son ingresos que benefician a todos». Además, justifican, genera puestos de trabajo y sustenta buena parte de la oferta complementaria.
Legalización
Legalización
En este caso, todas las empresas que suscriben la demanda son comercializadoras legales de apartamentos y en esa línea animan «a todos los propietarios a que legalicen sus propiedades ante [la conselleria de] Turismo si desean promocionar como tal sus viviendas, en concreto en los edificios plurifamiliares».
En el documento presentado ante el Consell opinan que «las propias comunidades de propietarios pueden y deben ejercer el derecho a la convivencia mixta de sus vecinos, sean residentes temporales, turistas o residentes de larga duración».
Es evidente que en el caso de Formentera la mayor cantidad de apartamentos en edificios plurifamiliares se encuentra en es Pujols, aunque esta práctica se ha extendido a Sant Francesc y la Savina. En este sentido, el sector inmobiliario apunta: «Buen ejemplo de ello es la zona de es Pujols, que podría clasificarse de claramente turística y donde conviven hasta la fecha residentes y visitantes sin excesivos conflictos».
Por todos estos motivos, este colectivo empresarial solicita al Consell que ante la próxima aprobación de la Ley de Turismo balear, que prohíbe el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares, «permita legalizar a quien lo solicite, cumpliendo con los requisitos mínimos de habitabilidad y calidad». Consideran además que legalizar esta oferta «no significa aumentar plazas».
