La Autoridad Portuaria de Balears (APB), a través de la abogacía del Estado, se ha opuesto a la pretensión del Consell Insular de Formentera de que se suspenda cautelarmente el concurso público para diseñar la nueva estación marítima de Formentera en el puerto de Ibiza hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo que ha presentado contra esa licitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). El recurso y la petición de suspensión cautelar forman parte de la estrategia del Consell para impedir el traslado de la estación marítima a los muelles de la ribera norte y lograr que los barcos de la línea entre las Pitiusas continúen en su ubicación actual, en la ribera de poniente.
El principal argumento que esgrime la APB para oponerse a la suspensión es que el Consell de Formentera no acredita en su petición los daños y perjuicios «de reparación imposible» que concurren en este caso y que exige la jurisprudencia para acordar una eventual suspensión cautelar de un acto administrativo. La APB entiende que «el solo hecho de no alegar perjuicio debería determinar la denegación de la suspensión». Pero va más allá en su argumentación y señala que «en el hipotético caso de haber alegado algún perjuicio, ese perjuicio no sería propio del Consell (...) sino que, en su caso, sería de los ciudadanos de la isla de Formentera», motivo por el cual «también debe desestimarse la petición de suspensión».
Sostiene además el organismo portuario, en sus alegaciones ante el TSJB, que «no hay perjuicio inmediato ni real ni efectivo» porque el objeto de la licitación es el simple diseño de la terminal, no su traslado ni construcción: «No estamos hablando de un contrato de obras, sino de asistencia técnica». Y subraya también que «la isla de Formentera no se queda sin puerta de entrada, es decir no se queda incomunicada, única posibilidad en el que cabe ese perjuicio inmediato y real».
Respecto al cambio de ubicación de la estación marítima en el lugar propuesto, la APB recuerda que en el pliego de prescripciones técnicas del concurso se indica que «previamente a desarrollar la solución del proyecto, se deberá estudiar y justificar, en su caso, la solución elegida, contemplándose necesariamente la alternativa prevista en el anteproyecto (alternativa C)», que es la que prevé ubicar la nueva terminal en el muelle comercial norte del puerto ibicenco.
Sin embargo, la APB no rehúye la defensa del cambio de ubicación que el Consell formenterense considera perjudicial para los ciudadanos de la isla. Un traslado que «se reduce a un cambio de 761 metros respecto de la ubicación actual» y para el que además «está prevista una conectividad rápida y cómoda entre la nueva estación marítima y la ciudad de Ibiza». Por estas razones el organismo portuario concluye que «ningún perjuicio se causa con el diseño de la nueva estación marítima, ni, en su caso, con la construcción en la nueva ubicación».
El argumento de la defensa del interés general, y de quién lo representa, ocupa varios folios de las alegaciones de la APB que cuestiona que el Consell de Formentera sea quién los ostente en este caso: «El supuesto interés general defendido por el Consell de Formentera, basado en argumentos de pura legalidad carece de fundamento». «El único interés general es el representado por la APB», recalca.
Las alegaciones de la APB incluyen también informes del Ayuntamiento y del Consell de Ibiza que avalan la nueva ubicación de la terminal de los barcos de Formentera en el puerto de Vila. Y para demostrar que no existe ninguna urgencia que justifique la suspensión cautelar del concurso, como defiende Formentera, la alegación incluye la intervención del presidente de su Consell Insular, Jaume Ferrer, en el consejo de administración de la APB del 18 de mayo de 2016, el mismo día de la interposición del recurso contencioso. Ferrer intervino para aclarar un punto de la sesión anterior relacionado con la nueva estación marítima, sin que en ningún momento mencionara que se había presentado el recurso contra el concurso «y mucho menos que se había solicitado la suspensión de su ejecución». A juicio de la APB «esta actuación pone de manifiesto la falta de urgencia de dicha petición, pues lo lógico es que el presidente del Consell hubiese informado de ella al consejo de administración».
Indignación en el Consell
El Consell de Formentera emitió ayer un comunicado en el que el equipo de gobierno expresa su indignación por el trato que las alegaciones de la APB dan «tanto al pueblo de Formentera como a su institución propia, el Consell». Lo que más ha dolido a la institución es que la abogacía del Estado califique sus argumentos «de pura legalidad» y «que carecen de fundamento porque el único interés general es el representado por la APB».
Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Balears aún tiene que pronunciarse sobre la suspensión solicitada por el Consell de Formentera, su equipo de gobierno ya ha anticipado que después de las fiestas de la Diada de la isla, que se celebra el próximo lunes, «se volverá a convocar a todos los partidos políticos y a la plataforma ciudadana ´On Sempre´ para analizar y seguir ejerciendo todas las acciones y recursos disponibles a los intereses de la isla».
