El pleno del Parlament balear aprobó ayer, en sesión extraordinaria, la Ley de Evaluación Ambiental de Balears, en la que, entre otras medidas, se prohíbe la realización de «fiestas en barcos» en todas las zonas protegidas del archipiélago. Esto afecta especialmente a la oferta de ocio conocida como party boats, que en los últimos años ha proliferado en los meses de verano, especialmente en aguas de las Pitiusas.

Esta decisión blinda Formentera contra esta actividad debido a que el cien por cien de su litoral está protegido a través de seis figuras europeas, calificadas de Lugar de Interés Comunitario (LIC), además del Parque Natural de ses Salines y de la Reserva Marina de es Freus.

Sin embargo, la prohibición en Ibiza sólo afecta al 30% de su litoral, teniendo en cuenta que es la isla de Balears que menos kilómetros de costa y superficie de mar tiene protegidos, lo que incluye la parte correspondiente del Parque Natural de ses Salines, el Parque Natural de es Vedrà y es Vedranell y dos franjas de litoral calificadas LIC en Sant Antoni y Santa Eulària.

Esa misma prohibición llega al 50% del litoral de Mallorca y a cerca del 60% en el caso de Menorca.

La ley aprobada actualiza la de 2006 y se adapta a la estatal y europea, y ha contado con el apoyo, en la mayoría de sus puntos, de todos los grupos parlamentarios (PSIB, Més, Podemos, Ciudadanos, PI y GxF), con excepción del PP, que se ha mostrado contrario al «fondo» de la normativa.

La diputada de Formentera, Sílvia Tur, que impulsó la prohibición de party boats en 2015 en el Parque Natural de ses Salines, explicó: «Esta ley modifica la de 2005 para la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO), que es la que prohíbe la realización de party boats en todos los espacios marítimos protegidos».

La normativa incluye un régimen sancionador, como ya existía, «con sanciones muy elevadas», señaló Tur, quien avanzó que la ley entrará en vigor en cuanto se publique en el BOIB. Pero, en este caso, la ley no hace diferencia en cuanto a decibelios, ya que no entra a analizar el nivel de contaminación acústica que pueden generar los potentes equipos de sonido de las embarcaciones dedicadas a esta oferta: «No vale la excusa de que estoy por debajo del sonido sino que directamente no se puede» llevar a cabo esta actividad, puntualizó Tur. Los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa son, como siempre, la Guardia Civil y los agentes de Medio Ambiente.

La consellera avanzó que en una reunió a la que ha sido convocada la próxima semana por la directora general de Medio Ambiente, solicitará al Govern que «convoque de urgencia a las empresas que ofertan party boats para informarles de cómo les afecta la normativa». Indicó que de la misma forma que el Govern se reúne con otros sectores de actividades turísticas, «también se debería reunir con este para informarles de los cambios en la normativa».

Esta medida puede afectar a la actividad que desarrollan al menos cinco empresas en las Pitiusas que operan con varios barcos y que ofertan este tipo de fiestas con música y barra libre con el atractivo de visitar Formentera.