Una vez más, un entorno emblemático de Formentera está a punto de morir de éxito: es Cap de Barbaria registra durante la temporada estival una sobreocupación que pone en peligro no solo el entorno, protegido por su declaración como Red Natura 2.000, sino también la integridad física de los visitantes que acceden a la zona por una estrecha carretera sin arcenes. Así lo entiende el Consell Insular de Formentera, que ayer aprobó por unanimidad, en su sesión plenaria del mes de agosto, una proposición del Partido Popular instando a que se solicite a las autoridades competentes la regulación del acceso al Faro de es Cap de Barbaria y una mejora de las labores de limpieza y control del área.
En su proposición presentada a debate, los populares denunciaron el deterioro de la zona, destacando la peligrosidad que supone el tráfico descontrolado de vehículos y el aumento de actividades como la venta ambulante de bebidas, que no solo es ilegal sino que redunda en un incremento de la suciedad de los alrededores, advirtieron.
Proyectos prioritarios
A este respecto, el conseller de Presidencia, Bartomeu Escandell, explicó que la solución a este tema no será rápida porque son varias las administraciones implicadas, pero anunció que desde el Consell se impulsará esta iniciativa para controlar el acceso a es Cap de Barbaria, que ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos con presencia en la máxima institución de la isla, el PSOE y Compromís amb Formentera.
El pleno ordinario del Consell celebrado ayer también aprobó por unanimidad la propuesta para trasladar al Govern el documento consensuado en la Junta de Portavoces del pasado 4 de agosto y que recoge los 14 proyectos prioritarios para la isla de Formentera, pero que precisan de la intervención del gobierno autónomo. A pesar de su respaldo, el resto de grupos políticos coincidieron al exigir al equipo de gobierno más colaboración, comunicación y transparencia entre los diferentes partidos presentes en el Consell.
No hubo unanimidad a la hora de votar una proposición del grupo socialista de Formentera que sugería que se instase al Gobierno central a retirar la Ley de seguridad ciudadana conocida como ´ley Mordaza´. Los cuatro representantes populares votaron en contra pero la proposición fue aprobada con los votos del resto de consellers presentes en el pleno.
