Ángel Custodio Navarro Sánchez anda siempre con prisas, sumido en sus pensamientos. Pero cuando entra en su despacho del Consell desarrolla una actividad casi frenética que compagina con esa rara capacidad de tener en su mente la legislación completa que rige la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos. Se define como un servidor del pueblo y reconoce que en más de una ocasión, a lo largo de su carrera tanto en el Consell Insular de Ibiza como en el Ayuntamiento de Sant Antoni, ha tenido que frenar, él prefiere decir «reconducir», determinadas pretensiones de políticas que pasaban la línea roja de la legalidad. La palabra que más repite es responsabilidad.

-Acaba de ser reelegido delegado en las Pitiusas del Colegio Oficial de Secretarios e Interventores de la Administración Local. ¿Qué representa este cargo?

-El Colegio quiere darse a conocer en todas las islas y una de las maneras es ofrecer su colaboración a los ayuntamientos y a los dos consells a la hora de organizar cursos y actividades que se pueden hacer a través de la Universitat o del propio Colegio así como colaborar con la conselleria balear de Administraciones Públicas para que se dé cuenta de que las cosas no solo se tienen que ver desde Mallorca, sino también desde las otras islas.

-También es profesor de la UIB...

-Desde hace 12 años, antes era profesor de Derecho Civil y ahora de Administrativo. Las clases las doy en Ibiza y en alguna ocasión por videoconferencia desde Formentera, lo que parecía imposible como si se hundiera el mundo, ahora se hace y se pueden recibir clases perfectamente.

-Usted fue una de las personas que fundamentó jurídicamente la creación del Consell de Formentera. Pasado el tiempo, ¿qué valoración hace?

-Han pasado ya 9 años, esto lo empezamos en 2005-2006, fructificó y en 2007 se aprobó el Estatut d´Autonomia y el Consell de Formentera. Esto ya es irreversible, hay quien me acusa de ser el ´culpable´, a lo que contesto que fueron las Cortes Generales quienes lo aprobaron y yo solo le di la solución jurídica. También llegaron a decir que era anticonstitucional, aunque puedo admitir que es una lectura posibilista de la Constitución por cuanto que Formentera había llegado a su mayoría de edad jurídica y política. Es todavía inconcebible que no se den cuenta en las otras islas, y sobre todo en el Estado, de la singularidad de Formentera. Ocho años después no acaba todavía de cuajar esa realidad fuera de aquí y ahora que está tan de moda la racionalización de la administración llama la atención porque más racionalización que aquí es imposible.

-¿Quiere decir que no saben cómo dirigirse a usted como secretario del Ayuntamiento o del Consell de Formentera?

-Algo así, porque confunden una cosa con otra, esto es una muestra del desconocimiento de la isla. Poco a poco lo vamos solucionando y el encaje administrativo funciona aunque podría ser mejor, intentamos darle solución a todo. En los consells de las otras islas tienen más administraciones que les pueden ayudar pero en Formentera somos nosotros mismos los que nos tenemos que ayudar porque la Comunitat Autònoma está muy lejos. Puede que en algunas cosas nos podamos equivocar pero tratamos de buscar soluciones de la mejor manera y esto a veces no es inmediato.

-¿Se producen duplicidades?

-No, al revés, creo que se han evitado. Ocurre que a veces no sabemos diferenciar entre micro y macro, es decir la visión estrictamente local y la visión autonómica o supra autonómica. Esto en las otras islas se puede ver e implica una serie de gastos de gestión que aquí hemos evitado.

-También ha redactado varias iniciativas de tipo jurídico, aprobadas por pleno, como las alegaciones a la Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas...

-Esto lo hemos llevado al Constitucional. Era un caso de libro que abordé con todo el detenimiento, ahínco y estudio posible. Nos dimos cuenta de que, como no nos conocen, no habían tenido en cuenta el caso de Formentera. Tanto el senador por las Pitiusas, José Sala, como el senador balear, Francesc Antich, lo supieron en parte desarrollar y en el Senado se incluyó una enmienda referida a los consells en general. La cuestión es que esa ley sigue sin tratar realmente lo que es Formentera. Significa, por ejemplo, que el Consell es en la isla la autoridad nacional española en materia de adopción, a todo los efectos, como lo es en el tema de menores. La Ley de racionalización se basa en los consells y ayuntamientos, pero a la hora de la verdad no se sabía si entraba el caso de Formentera por la vía de los ayuntamientos de entre los 10.000 y 20.000 habitantes o por los consells de hasta los 25.000 habitantes. El asunto es que somos un Consell que administra un ayuntamiento con todas las competencias y la responsabilidad que conlleva y que no tienen los cabildos en Canarias. Pues bien, el sueldo que le correspondería al político de turno es menor como consell que como ayuntamiento, lo cual es inadmisible, debería ser al revés. El presidente del Consell va a la Conferencia de Presidentes con toda su responsabilidad y eso ni se paga ni se reconoce en esta ley. Por eso habría tenido que contemplar un régimen singular para Formentera. Somos más singulares que nadie pero no nos tienen en cuenta, por eso hemos impugnado. En cuanto a competencias, la ley nos las quita como ayuntamiento pero como Consell las volvemos a tener, es el caso de los Servicios Sociales. Tuve que redactar un escrito al Ministerio de Hacienda a este propósito donde decía que es posible que como ayuntamiento nos quiten esas competencias pero como las tenemos como Consell no nos la pueden quitar porque nos las da el Estatut d´Autonomia. Esto si lo explicas fuera de aquí no dan crédito.

-Otro asunto fueron las alegaciones a la nueva Ley electoral autonómica.

-Esto necesita aprobarse en el Parlament por mayoría de dos tercios, es decir, que requiere de un gran consenso. Se trataba finalmente de una reducción de diputados que desde el punto de vista político se justifica por ahorro. Pero no contempla la realidad y la pluralidad de las islas y más teniendo en cuenta que en el Parlament pueden ganar unos partidos y en los consells otros, por lo que hay que favorecer la mayor pluralidad en el Parlament y no lo contrario porque si no conviertes el sistema en mayoritario en vez de proporcional. Aquí el mayor problema es respecto a la isla de Ibiza, porque en Formentera es mayoritario al elegir solo un diputado. En la isla vecina se da una diferencia de población muy grande respecto a Menorca donde en cambio tienen más representantes. Esto puede cambiar y por eso Formentera, para que el sistema sea proporcional, podría tener tres diputados como ocurre con la isla del Hierro, con menos población. La propuesta que hacemos es reducir un diputado en el Parlament y quedarnos en 58 en vez de 59 y esto supondría volver a la idea de la paridad tan defendida por todos los partidos políticos en los años de la Transición. De esta forma se distribuirían 29 diputados entre Menorca, Eivissa y Formentera y la otra mitad para Mallorca, cuando ahora tiene 33, esto representa una defensa de la insularidad muy importante. Además proponemos la posibilidad de mantener Formentera con uno, pero lo que no puede ser es que Ibiza tenga 12 diputados, con 30.000 habitantes más que Menorca, donde son 13.

-Cambiemos de tema, ¿es difícil para un funcionario como usted lidiar con los políticos?

-Tratas de encauzar, modelar, modular, redireccionar y si no se puede realizar lo que el político pretende se le dice que no se puede hacer.

-¿Ha tenido que vivir esa situación?

-Sí, en 15 años en diferentes administraciones he tenido que decir si lo que se pretendía era posible o no, exponiendo siempre las razones de la negativa.

-¿La administración puede frenar abusos políticos?

-Sí, si no fuera así nuestro trabajo no tendría sentido, nos paga el pueblo y debemos velar por sus intereses. Los políticos igual plantean algo que no se puede hacer y se trata de modular, pero cada vez hay más controles.

-¿Recientemente se ha producido un debate en Sant Antoni sobre las dietas a políticos suplentes por asistencia a reuniones. Ya que trabajó en ese Ayuntamiento, ¿qué le parece este asunto?

-Esta es la cuestión de cómo en su momento se organizó todo, estando yo como secretario, y está en los diferentes conceptos que se aplican a las dietas de los políticos. Lo que no puede ser es que los titulares eludan la responsabilidad cuando son los que tienen que estar y no los sustitutos. Tienen que estar las personas que corresponde y esas responsabilidades se tienen que abonar al que las tiene y no al que no las tiene, así lo concibo. Otra cosa es la organización interna si pones dedicaciones exclusivas, medias dedicaciones o liberados. En Formentera al ser más pequeño hay más responsabilidades y están más unificadas.

-Admitirá que esto de Sant Antoni la gente no lo entiende.

-No, no lo entiende. Cuando yo lo redacté, y se mantuvo en esta legislatura, todo estaba basado en que los políticos que acudan sean los titulares y si acuden los suplentes que no cobren unos u otros, pero que el que acuda sea el que cobre. Cargas traen cargos y cargos traen cargas.

-Los ciudadanos no dan crédito con los recientes casos de corrupción en España entre los que hay algún funcionario implicado.

-Sí, el interventor de la Diputación de León.

-¿ Cuál es su opinión?

-No doy crédito. Tratas de hacer las cosas lo mejor que puedes pero se ve que hacían contrataciones que cantan mal.

-¿ Tiene la administración herramientas para atajar la corrupción?

-Hay que hacer una labor de prevención, de creer en lo que estás haciendo pero también de concienciación de uno mismo. Lo que no puede ser es suprimir la Sindicatura de Cuentas como han hecho en Castilla-La Mancha. Aquí sería imposible. Tenemos que mandar una serie de documentos a la sindicatura, ahora mismo estoy preparando esto, eso hace que te tomes las cosas con muchísima responsabilidad y si suprimen esa institución dan a entender a los políticos que ancha es Castilla.

-Pero algo debe fallar, visto lo visto.

-Sí, cuando te sobresaltan esos casos de corrupción te preguntas cómo es posible que no se haya prevenido. Hay una confianza en la forma de actuar que mueve esto, pero luego viene la Guardia Civil, la fiscalía y a la cárcel si las cosas están mal hechas.

-¿Se ha enfrentado a alguna situación complicada en este campo?

-Sí, he tenido que decir alguna vez que algo es inadmisible. He explicado en esas situaciones que estaba primero mi responsabilidad y también la suya.

-¿Le ha pasado en Formentera?

-No, aquí el único episodio lamentable fue aquel sorteo de un lote de servicios de playa, fue tumultuario y nos sentimos atacados en nuestra dignidad y contra la corrección de lo que habíamos hecho. Si no estaban de acuerdo, que fueran a los tribunales. Fue muy duro, lo más duro y desagradable que he vivido. Fue muy desproporcionado lo que allí ocurrió, pero al final no pasó nada.

-¿No le parece que entre la población existe una etiqueta peyorativa hacia los funcionarios?

-Sí, a mí una vez una señora me dijo: ´usted está donde no le llueve´. También nos han tratado de engañar y cosas así. En el Consell de Ibiza, en 2002-2003, nos pasó, siendo secretario de la comisión de urbanismo, que nos llegaron a plantear, por denegar una cédula de habitabilidad, que se había muerto alguien. Era todo mentira, mentira.