­Si el Consell de Formentera quiere restringir o limitar mediante una tasa la entrada de vehículos de no residentes en la isla lo deberá hacer impulsando la aprobación de una ley estatal. Actualmente la posibilidad de prohibir o limitar la entrada de vehículos no esta contemplada como tal, ni el Consell tiene competencias para realizarla.

Este fue uno de los principales problemas abordados en la reunión mantenida ayer por la noche por el equipo de gobierno con el Consell d´Entitats, a la que asistieron unos 50 representantes de las 85 asociaciones que forman este organismo asesor y en la que se destacó que la limitación o no a la entrada de vehículos condicionará el modelo de isla futuro.

Para los partidarios de las restricciones, el camino no es fácil. Teniendo en cuenta que la movilidad es un derecho fundamental resulta muy complejo legislar al respecto. De hecho, las tasas por tenencia (matrícula) y por circulación (impuesto) están marcadas por el Estado, aunque en este último caso sea el municipio el recaudador.

Debido a estas limitaciones, el margen de maniobra del Consell de Formentera para poner coto a la saturación de vehículos en la red viaria insular se limita a aplicar tasas por congestión que se centran en el pago por aparcar, tal y como ya ha aprobado en el núcleo de la Savina a partir de 2015.

También existe la posibilidad de limitar la entrada de vehículos en los espacios naturales pero esta restricción es algo que compete a la Comunitat Autònoma.

La restricción total o mediante una tasa por uso de infraestructuras es una posibilidad que brinda una directiva de la Unión Europea pero que el Ejecutivo central desarrolló mediante un decreto hace dos meses de forma parcial, ya que no recoge la posibilidad de aplicarla a otros ámbitos que no sean las autopistas de peaje. En cambio, la UE defiende desde hace años una actuación bien diferente que se basa en el uso racional del coche y en la idea de «quien usa, paga». Esta directiva permite restricciones de entrada de vehículos en ciudades como Roma y Londres o en la misma isla de Capri, ya que sus países ha hecho una lectura más amplia de la norma europea.

Aunque existen otros ejemplos de islas en donde se aplican limitaciones a la entrada de vehículos e incluso a la tenencia por habitantes, Capri es un ejemplo ya que el Estado, previo informe anual de la región y la ciudad, ordena el cierre de la isla a los vehículos en los meses de verano.

En el debate de ayer, los técnicos de dos empresas externas, Jordi Singla (de ALG), experto en movilidad, y Alfons Segura (de Muxi Associats), que desarrolló la parte jurídica y legal del problema, expusieron a los asistentes cuál es la situación actual de la red viaria de Formentera en los meses de verano y las escasas posibilidades existentes para restringir la entrada de vehículos con las herramientas legales que por sus competencias tiene el Consell de Formentera y que, de momento, se limitan al control del estacionamiento con zonas azules de pago.

Sus cálculos sitúan en la actualidad el parque móvil insular, en los meses de máxima ocupación, en unos 22.000 vehículos y la tendencia va en aumento a un ritmo de un 2% anual, por lo que está llegando al límite.

El debate fue presidido por el conseller de Participación Ciudadana, Sergi Jiménez, y contó con la asistencia del presidente del Consell, Jaume Ferrer y de todo el equipo de gobierno, además de varios consellers de la oposición. A su término, se decidió convocar una nueva reunión en el plazo de un mes y se instó a los representantes de las entidades a aportar propuestas tras la consulta con sus asociados.