El Consell de Formentera anunció ayer que se mantendrá «vigilante» para que la nueva delimitación de la zona marítimo terrestre, aprobada la pasada semana, «en ningún caso ponga en peligro la viabilidad de nuestro modelo territorial y de una actividad turística respetuosa con los valores medioambientales que caracterizan a la isla». Para la primera institución «la especial configuración geológica de la isla requiere del cumplimiento de tres premisas: el mantenimiento del grado de protección, la conservación del litoral y el respeto a la propiedad privada».
La primera institución insular también expresó su apoyo a las «legítimas demandas» de la Plataforma de Afectados por el deslinde de la zona marítimo terrestre, que con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Costas de 1988 ven satisfechas su aspiración de recuperar sus propiedades, tanto de uso residencial como turístico.
Esta plataforma de afectados esta integrada por un centenar de propietarios que han defendido, desde la aprobación del actual deslinde de la zona de uso y dominio público litoral, en 1997, que sus propiedades no pasen a ser del Estado, tal y como estipulaba hasta la pasada semana la Ley de Costas. Esta reivindicación ha encontrado siempre el apoyo de las asociaciones ciudadanas y de los partidos políticos locales.
El Consell recuerda que la «unanimidad» política en esta materia, tal y como lo avalan los últimos acuerdos plenarios, se ha apoyado siempre en solicitar «una delimitación de Costas justa, la anulación del deslinde de 1997 y el mantenimiento de la actual zona de servidumbre de protección». Justamente parte de esa franja es la que se verá desprotegida con la nueva norma.
Reticencias
No obstante, la Administración insular no esconde ciertas reticencias al respecto y lamenta que con el replanteamiento de la zona marítimo terrestre «se pierda la oportunidad de conciliar el espíritu y el objetivo principal por el que debe velar una Ley de Costas, que es la protección y conservación del litoral».
En la misma línea el Consell recuerda: «Siempre hemos pedido el mantenimiento del trazado actual, permitiendo a los afectados recuperar sus propiedades pero evitando la desprotección». Por eso todos los acuerdos plenarios han solicitado mantener la actual zona de servidumbre.
