Los candidatos del PP que se presentan a las próximas elecciones en la lista del Congreso y del Senado, Enrique Fajarnés, Gabriela Mayans y José Sala, denunciaron ayer los «incumplimientos» del PSOE en Formentera en las dos últimas legislaturas, entre los que destacaron la declaración del interés público de la línea marítima entre la Savina y la Península, el retraso en la construcción cuartel de la Guardia Civil, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción y el refuerzo de la Guardia Civil de Tráfico.

Los populares realizaron un balance de las políticas socialistas hacia Formentera en los último ocho años en una rueda de prensa en la que denunciaron que en las dos últimas legislaturas «la voz de Formentera en Madrid no se ha escuchado».

El número dos de la lista balear al Congreso, Enrique Fajarnés, recordó que el PSOE no ha sido capaz de terminar el cuartel de la Guardia Civil, ni ha hecho el prometido Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y tampoco ha aprobado la declaración de interés público de la línea marítima entre la Savina y la Península. En cambio Fajarnés se comprometió a «recuperar el peso y la voz que Formentera necesita en Madrid» ya que, a su juicio, los representantes socialistas, «no han tenido ningún tipo de influencia».

El candidato al Senado, José Sala, denunció por su parte que el PSOE no ha llevado a cabo ninguna inversión en la isla de Formentera y tampoco se ha reforzado la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, tal y como se había comprometido el PSOE. Además, el aspirante a senador por Ibiza y Formentera calificó de «engaño» las inversiones del Planes E financiadas por el Gobierno central, una iniciativa para crear empleo pero que, en realidad, acarreó otro efecto: «El Estado redujo las aportaciones a los ayuntamientos hasta que cobraban el Plan E, con lo que quien ha pagado los proyectos supuestamente subvencionados por el Gobierno han sido los ayuntamientos», aseguró.

Sala también recordó que la menor de las Pitiusas es el único territorio de España que no tiene representación en la Cámara Alta, por lo que se comprometió a que cuando se haga la reforma del Senado anunciada por el PP, defenderá «con uñas y dientes que Formentera tenga senador», aunque sea difícil e implique una reforma constitucional.

Deslinde de Costas. Acabar con el efecto retroactivo de la ley

Gabriela Mayans, que ocupa el número siete de la lista balear al Congreso, avanzó que había dimitido como presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas al considerar que ese movimiento debe continuar siendo «apolítico». Señaló que con los gobiernos regional y central del PSOE se había perdido «una ocasión de oro» para buscar un problema definitivo a este conflicto. Mayans añadio que su compromiso va más allá de la modificación del deslinde ya que pretende que se «respete la propiedad privada de todo lo construido legalmente antes de 1988», que fue cuando entró en vigor la Ley de Costas. La candidata del PP precisó que este planteamiento implicará luchar «contra la obra ilegal anterior y si hay que expropiar, que se haga con el pago apropiado», sentenció.