La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lanzó una oda a las gasolineras desatendidas a finales del mes de agosto. El organismo recomendó la eliminación de las trabas legales de las comunidades autónomas para poner en marcha este tipo de estaciones sin personal para fomentar la competencia, aunque su informe no ha hecho más que recibir críticas tanto de la patronal del sector como de los sindicatos.
Todos ellos alertan de que liberalizar al máximo la creación de gasolineras sin empleados tendría una influencia perjudicial en los datos de paro. Según cifras de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), un 5% aproximadamente de las gasolineras españolas serían desatendidas y, teniendo en cuenta que en el país había a cierre del año anterior, según datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, 10.947 gasolineras, la cifra estimada ascendería a 547 estaciones sin trabajadores.
Desde la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) señalan que el mínimo de empleados para mantener el funcionamiento de una gasolinera es de cuatro trabajadores, mientras que la media española se sitúa entre siete y ocho, todo ello sin contar cafeterías y lavaderos que pudieran existir en cada punto. De esta manera, las gasolineras desatendidas estarían destruyendo entre 3.829 y 4.376 puestos de trabajo, aunque las consecuencias irían más allá. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Cees) destaca que el mayor peligro está en la «falta de seguridad» que tienen estas gasolineras ya que se manipulan «productos inflamables que entrañan riesgo» para el cliente.
A pesar de todo, estas estaciones sí que benefician al usuario en un aspecto: el precio. Pueden permitirse reducir el coste de sus carburantes entre tres y cuatro céntimos al ahorrarse los salarios de sus empleados y la logística necesaria para brindarles un lugar de trabajo, ya que esto supone un 60% de los costes de la estación. Aevecar estima el coste unitario por trabajador en unos 23.000 euros anuales, lo que supone en cada ejercicio para cada estación entre 161.000 y 184.000 euros. Así, el total de gasolineras desatendidas se estarían ahorrando anualmente entre 88 y 100 millones.
Aunque su número en España no supone una cifra relevante en el conjunto, patronal y sindicatos alertan del riesgo laboral futuro de liberalizar el sector. UGT estima que un aumento de las gasolineras sin personal podría destruir hasta el 80% del empleo del sector, mientras que la Cees cree que Competencia amenaza el mantenimiento de 60.000 puestos de trabajo. Aun así, hasta la fecha, tan solo existen estaciones «low cost» que comercialicen carburantes sin trabajadores, pero la tendencia es que continúen proliferando a corto y medio plazo. En el último año ha sido cuando se han creado la mayoría de estas estaciones, lo que ha alarmado a todo el sector ante una posible destrucción de empleo futura.
Legislaciones distintas
La aprobación de su regulación corresponde a las comunidades autónomas, lo que ha provocado legislaciones enfrentadas entre territorios.
A día de hoy, hasta seis comunidades han prohibido la existencia de gasolineras desatendidas: Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Baleares. En todas ellas se obliga a que al menos tenga que haber un empleado encargado de atender a los clientes.
Además, Canarias, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura y Madrid se encuentran también en trámites para seguir los pasos de estas seis comunidades aunque, de momento, estos proyectos se encuentran paralizados a nivel autonómico.
