Los autónomos piden que se congele el sueldo de los funcionarios

EFE El presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, José Barea, abogó este lunes por la congelación salarial para los funcionarios públicos durante el cuatrienio 2010-2013.

Así lo expresó Barea durante la presentación del informe del tercer trimestre de este observatorio de la asociación ATA, en la que también pidió reducir en un 10% las plantillas de asesores, personal contratado o laboral y el mismo porcentaje de rebaja para las retribuciones complementarias de funcionarios y altos cargos "en cada uno de los años del cuatrienio".

Barea pidió una "profunda reforma" de la Administración Pública y la supresión de los Ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad.

En este sentido, explicó que se recolocarían los funcionarios en otros ministerios pero perderían el trabajo quienes no lo sean.

Barea incluyó en este ajuste, que debe ser aplicado a todas las administraciones (central, autonómica y local), a las cadenas de televisión públicas que "no deben quedar fuera de la racionalización del gastó público".

Por su parte, el profesor Juan José Rubio, se refirió a la inadecuada regulación fiscal de los autónomos, especialmente en el régimen de módulos, porque están calculados para una situación económica de bonanza y en la actual coyuntura suponen una "sobreimposición".

Rubio señaló que uno de cada cuatro emprendedores estaría dispuesto a contratar personal si recibiera apoyo fiscal o financiero y por ello propuso que se eleve la deducción por contratar asalariados del 40% actual al 60%.

En cuanto a la subida del IVA en julio consideró necesario un aplazamiento de la entrada en aplicación de esta medida para evitar su impacto negativo en la economía.

También pidió que se luche "frontalmente" contra la economía sumergida, por lo que consideró necesario que la Administración Tributaria potencie las actuaciones de control e inspección fiscal.

Además, en opinión de Rubio, se deberían limitar las responsabilidades patrimoniales de los autónomos frente a la hacienda pública, "declarando un mínimo inembargable" en casos de quiebra.