legislación.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros no es «franquista», tal como apuntó el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro. Además, solicitó a todos los partidos de la oposición, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que se sumen al diálogo «constructivo» para sacar a España de la crisis económica.
SANTANDER | OTR PRESS
Tras conocer las palabras del dirigente popular Cristóbal Montoro en las que señalaba que la Ley de Economía Sostenible era «de otros tiempos» y propia del «desarrollismo franquista», Salgado respondió que se trata de «una ley llena de propuestas, no una ley franquista». En este sentido, afirmó que «lo que es franquista es mirar al pasado y no al futuro y eso es los que ellos», en referencia al PP, «hacen constantemente». «De franquismo saben ellos mucho más que yo», aseveró.
Así se pronunció en Santander, donde mantuvo un encuentro con cargos orgánicos e institucionales del PSOE de Cantabria y donde aprovechó para responder a las críticas de la oposición. En su opinión, la nueva Ley junto a otras medidas que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presentará el próximo 2 de diciembre en el Congreso de los Diputados, «diseña un proyecto de país para el futuro democrático» en el que las decisiones deben ser «compartidas».
En este sentido, solicitó a los partidos políticos y grupos parlamentarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los agentes sociales que «se sumen» al diálogo para definir la estrategia de economía sostenible que plantea el Ejecutivo. En concreto, Salgado se refiere a los populares que «si no son capaces, como no los son, de poner sobre la mesa ninguna propuesta, al menos que sean capaces de estudiar y reconocer las que los socialistas hacemos».
La ministra destacó que la nueva ley responde a un «modelo horizontal» que tiene en cuenta a todos los sectores. Así, explicó que, entre otras cosas, reducirá a partir de 2013 los plazos de pagos de las administraciones públicas a autónomos y pymes de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra; y se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora mejoras en los organismos reguladores, con la finalidad de dotarlos de mayor independencia y transparencia. Para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia.
Salida de la crisis
Asimismo, se presentará un plan de austeridad y calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública. En materia de contratación pública y colaboración público-privada, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor.
En cuanto a la situación económica actual, la vicepresidenta segunda confió en que la salida de la crisis llegue «muy pronto», aunque la situación aún sea complicada, y no descartó la posibilidad de que la economía española vuelva a registrar cifras de crecimiento positivas en el cuarto trimestre del año. En este sentido, Salgado recordó que la economía disminuyó un 1,6% en el primer trimestre del año, un 1% en el segundo y «sólo» tres décimas en el tercero, por lo que confió en que la caída del último trimestre del año sea de «una o dos décimas» o que, incluso, la cifra sea «positiva».
En materia laboral, también se refirió a que en los últimos 25 años el 40% de los trabajadores han oscilado entre el desempleo y el empleo temporal, lo que supone «un despilfarro» que «no nos podemos permitir». Insistió así que se va a incidir en mejorar la formación y crear empleo «de calidad».