MADRID | EFE
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que crea para los autónomos un sistema específico de protección por cese de actividad involuntaria y que beneficiará, según los cálculos del Ejecutivo, a un millón de emprendedores.
El texto será ahora enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen y se pueda iniciar así su tramitación parlamentaria.
El Gobierno ha optado por la creación de un sistema mixto, que combina la obligatoriedad para algunos autónomos y la voluntariedad para otros.
Es obligatorio para los emprendedores que necesariamente tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y que actualmente son los autónomos económicamente dependientes (al menos el 75% de sus ingresos vienen de un mismo cliente) y los que estén en actividades con un mayor riesgo de siniestralidad.
Este colectivo asciende a 539.338 personas, entre los que se incluye a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario.
«Pero pronto serán cerca de un millón» porque se tienen que desarrollar más contratos de los económicamente dependientes y se deben establecer cuáles son esas actividades que suponen un mayor riesgo, como son construcción o transporte, precisó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
El sistema es voluntario para los autónomos que no cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que cambien de opinión.
