Las bonificaciones empresariales han costado 23.776 millones

EFE Así, las empresas dejaron de pagar cerca de 24.000 millones a la Seguridad Social entre 1998 y 2008, lo que supone una rebaja media en el pago de cotizaciones situada entre el 0,7% y el 1% cada año.

En el diálogo social roto la semana pasada, la CEOE pedía una nueva reducción de 5 puntos, demanda que fue rechazada por el Gobierno y los sindicatos y que impidió el acuerdo.

Sin embargo, según las fuentes, esa nueva exigencia de la patronal sería de "hasta seis puntos" y provocaría la entrada "inmediata" del Sistema en déficit y el agotamiento del actual Fondo de Reserva "en menos de cuatro años".

Explican que las cuotas a la Seguridad Social son parte del salario de los trabajadores, por lo que la patronal pretende reducir "brutalmente" los costes laborales de las empresas.

Además, critican que en el documento de propuestas de la CEOE para el diálogo social, del 23 de julio, se menciona la desregulación, pero no la seguridad ni la flexibilidad en el trabajo.

Frente a la participación privada en los servicios públicos de empleo (SPE) que plantea la patronal, fuentes sindicales subrayaron que resulta "fundamental" la mejora de éstos antes de considerar otras medidas complementarias.

Si se toman en cuenta los casi 3,6 millones de parados registrados en junio y los 9.496 trabajadores de los SPE, cada trabajador se encargaría de una media de 375,4 desempleados.

Según datos de 2006, la media española de 229,75 parados para el personal del SPE fue superior a la de países como Dinamarca, con 17,78 desempleados, Austria (44,99), Francia (89,65) o Portugal (111,44).

En cuanto a la ampliación de los contratos parciales en España, estas fuentes llaman la atención sobre el hecho de que en otros países de la Unión Europea estos contratos sean voluntarios y se acompañen de otras medidas de protección social.

En España, señalan, los contratos temporales son una opción "obligada" especialmente para las mujeres, que representan el 81,09% de los empleados temporales.

Asimismo, critican a la patronal que "identifique" el absentismo con la incapacidad temporal y rechazan que las mutuas puedan dar las altas por enfermedad, puesto que tienen un "interés directo" en el coste de las bajas.

Cuando los empresarios proponen suprimir el pago de la prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y decimoquinto día, estas fuentes advierten de que el objetivo de los empresarios es "trasladar" el coste a los trabajadores o a la Seguridad Social.

También se niegan a modificar la regulación de los llamados "costes de extinción" -el despido- y acusan a la CEOE de querer eliminar la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de simplificar la tutela judicial efectiva.

De este modo, "gran parte" de los despidos dejarían de ser declarados improcedentes, con el consiguiente abaratamiento de los costes de los mismos, ya que actualmente un despido improcedente supone una indemnización de 45 días frente a los 8 o 12 días que tienen los contratos temporales y los 20 del resto.