MADRID | EFE
El pleno de Congreso dio ayer un paso más hacia la liberalización de las actividades del sector servicios en España al rechazar por mayoría las dos enmiendas a la totalidad que habían presentado IU y BNG al proyecto de Ley, conocido como Ley Paraguas.
De esta forma quedó constatado durante el debate a la totalidad de la directiva de Servicios tras la oposición de la mayoría del pleno a las citadas enmiendas, con 319 votos en contra (PSOE, PP y CiU), 7 a favor (BNG, IU, ICV, NaBai y CC) y 8 abstenciones (ERC y PNV).
La Ley Paraguas que recoge las bases para la trasposición de la Directiva Europea de Servicios en otras leyes y para todas las Administraciones debe quedar perfilada este año ya que el plazo para la trasposición de esta norma de la UE vence el próximo mes de diciembre.
Durante el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, defendió este proyecto de Ley porque «facilitará la creación de empresas, elevará la calidad de los servicios y condicionará la competitividad y el bienestar de las familias».
Negó que la normativa española no sea respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y agradeció la «estrecha colaboración» de todas las autonomías para su elaboración «desde el principio».
Según Salgado, la directiva de Servicios es una «oportunidad para reformar en profundidad un sector que representa las dos terceras partes del PIB y del empleo total» y supondrá la creación de 200.000 empleos y la aportación de 1,2 puntos porcentuales a la economía española.