EFE
El presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó de "histórico" el acto de "recuperación de la propiedad y control" de esos bienes y servicios, los cuales, subrayó, fueron privatizados a mediados de la década de 1990 durante el proceso de "apertura petrolera".
"Estamos nacionalizando 60 empresas privadas, hoy desaparecen, no nos hacen falta, ¿para qué?", expresó Chávez durante el acto oficial, transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Ninguna fuente oficial venezolana precisó cuántas de las empresas expropiadas cuentan con capital extranjero, ni tampoco un justiprecio preliminar a pagar por parte del Estado venezolano.
La prensa local informó hoy que una de las afectadas es la empresa británica John Wood Group, que tiene el 49,5 por ciento en la firma Servicios de Ingeniería Mantenimiento, Construcción y Operaciones (Simco).
La toma de control de esos bienes y servicios conexos a la actividad petrolera derivó de la aplicación de una nueva ley, promulgada anoche por el mandatario, que permite la expropiación de esos sectores.
El Gobierno de Chávez inició en 2006 una política de recuperación de la soberanía petrolera de Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, con la toma de control de las operaciones de exploración, explotación y mejoramiento de crudo, que se completa ahora con la nacionalización de los bienes y servicios conexos.
A partir de este viernes pasaron a manos de PDVSA unas 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13 talleres, así como las actividades de inyección de agua y gas para incrementar la energía de los yacimientos, entre otros, en el lago de Maracaibo.
Chávez resaltó que con la absorción de esos servicios la industria petrolera nacional "reducirá sus costos de producción" y registrará un "ahorro de 700 millones de dólares al año".
El mandatario propuso que esos recursos sean administrados por los "consejos obreros y comunales" para el desarrollo de sus comunidades.
El ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, aseguró que desde "anoche" la industria estatal "tomó el control de más del 85 por ciento de los bienes y actividades sujetas a la nueva ley" no solo en el lago de Maracaibo sino en otras regiones del país.
El ministro ha afirmado que la nueva ley no afectará a la contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.
Con la nacionalización, unos "8.000 trabajadores" pasarán a la nómina de la petrolera estatal, y las deudas que con ellos tengan las empresas contratistas serán descontadas del justiprecio que pagará el Estado, añadió Ramírez.
El ministro no precisó cuánto pagará el Estado a las empresas expropiadas ni tampoco si se ha iniciado el calculo de esa cifra.
La ley vigente establece que "para el cálculo del justiprecio de los bienes (...) se aplicará el valor en libro y se deducirán los pasivos laborales y ambientales determinados por las autoridades competentes".
"A partir de ahora" los 8.000 trabajadores de las contratistas afectadas "pasan a ser personal fijo de PDVSA", que reconocerá "los años de servicios, la seguridad social" y garantizará una "pensión digna" tras el retiro, resaltó Chávez.
"Estamos liberando no solo los muelles, las lanchas y los remolcadores, ustedes (los trabajadores) se están liberando del yugo del capitalismo", exclamó el mandatario.
El dirigente del tradicional sindicato petrolero Fedepetrol, Rafael Zambrano, aseveró que con la nacionalización de las empresas en el lago de Maracaibo se registrarán "despidos masivos" en la zona que afectarían a "unos 5.000 trabajadores".
Zambrano dijo a los medios locales que los trabajadores "que está directamente asociado a la actividad" de las empresas expropiadas serán "absorbidos" por PDVSA, pero no aquellos vinculados "a servicios derivados como mantenimiento, reparaciones y limpieza".
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