EFE
Esta central es la primera que se somete a un exhaustivo proceso de evaluación técnico para decidir una prórroga de su denominada "vida de diseño" -40 años-, que acaba el próximo mes de julio, o su cierre definitivo.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene como fecha límite el 5 de junio para emitir su informe técnico.
Garoña está en funcionamiento desde 1970 y la autorización de explotación es válida hasta el 5 de julio, aunque la empresa titular de la misma, Nuclenor (participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola), ha pedido una prórroga del permiso por un nuevo periodo de diez años.
El Pleno del CSN, compuesto por dos consejeros propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU, podría aprobar este miércoles el informe y remitirlo al Ministerio de Industria, aunque es más probable que agote la fecha tope.
Si el informe del órgano regulador es desfavorable y desaconseja la prórroga, éste tendrá carácter vinculante para el Gobierno, que deberá ratificar su cierre.
Por el contrario, si considera que se debe prolongar la vida útil de la central porque reúne las condiciones de seguridad requeridas para seguir operando, será el Consejo de Ministros el que tome la decisión.
El de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España y el primero sobre el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero deberá adoptar una decisión.
El cierre o la continuación de la actividad en esta planta suscita reacciones encontradas entre los distintos partidos políticos, patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas y sociales.
El programa electoral del PSOE recogía el compromiso de cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que vayan agotando su vida útil.
No obstante, el Gobierno se mantiene en silencio y pospone pronunciarse hasta que no tenga en sus manos el informe del Consejo de Seguridad Nacional, mientras en el PP critican su indefinición.
En el entorno socialista se han oído voces distintas, desde las de históricos como el ex presidente Felipe González o Javier Solana más favorables a la prórroga, a otras claramente a favor del cierre.
Entre estas últimas se encuentra la Fundación de Ideas para el Progreso que dirige el ex ministro Jesús Caldera, que ha recomendado al Ejecutivo no renovar la licencia de explotación de Garoña "por su antigüedad, sus potenciales problemas de seguridad y por ser perfectamente sustituible por fuentes renovables".
Las organizaciones ecologistas comparten plenamente estos argumentos y llevan ya mucho tiempo haciendo campaña a favor de la clausura, por lo que la decisión que adopte el Gobierno será para ellos una señal clara que marcará el futuro de las demás nucleares.
Los "verdes" consideran que el sistema eléctrico español tiene capacidad suficiente para asumir el cierre inmediato y definitivo de Garoña.
No piensan así el Foro Nuclear ni tampoco la CEOE, ni la patronal vasca Confebask, que coinciden en que el cese de la actividad en Garoña incrementaría el coste de la energía para empresas y particulares, desequilibraría el mix energético y contribuiría a una merma del suministro.
También el comité de empresa de la central defiende la concesión de la prórroga para la instalación atómica, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear informe a favor.
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