Es inadmisible y vergonzoso que la señora Laura Carrascosa y los demás concejales del PSOE-ExC de Sant Antoni y Santa Eulària actúen en contra de sus respectivos pueblos y de los ciudadanos que les han votado. Carrascosa y los citados ediles nos han descalificado e insultado solo por el hecho de defender, con la razón y el Derecho en la mano, los intereses de los pueblos a los que representamos.

Su escrito publicado la semana pasada en el que nos acusan de «hacer el ridículo con sa Coma» es indigno de quien dice representar a su pueblo porque falsea descaradamente la verdad y demuestra una ignorancia total sobre el tema que trata, con el único objetivo de seguirle el juego a su jefe de filas, el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, lo cual resulta todavía más patético e irresponsable por parte de alguien que forma parte de una corporación municipal. Se lo rebatiremos a continuación punto por punto.

El artículo 1 de la conocida como ´Ley de sa Coma´ afecta gravemente a los términos municipales de Santa Eulària y Sant Antoni, y lo hace de una manera infausta y discriminatoria. Esta norma vulnera la autonomía local de ambos municipios, tal y como ha puesto claramente de manifiesto el Consell Consultiu de les Illes Balears a pesar de que la señora Carrascosa intente hacer creer lo contrario. La ley, además, afecta tanto a las competencias de intervención de los ayuntamientos en la zona como a la cuestión fiscal y financiera.

No es frecuente que los ayuntamientos se atrevan a actuar en contra de una ley de estas características, pero en este caso la agresión ha sido tan desmesurada e injustificada que nos hemos visto obligados a ello. El resultado de este informe del Consell Consultiu ha sido totalmente favorable a nuestras tesis, puesto que ha reconocido que la ley supone un ultraje para las competencias municipales y su plasmación fiscal, abriéndonos la puerta para acudir al Tribunal Constitucional. Nos parece evidente la inconstitucionalidad de esta ley porque excluye del control municipal a una parte del territorio, sa Coma, y no una o varias licencias concretas. En este sentido, nos preguntamos por qué sa Coma y solo sa Coma, ya que con los mismos argumentos podrían decidir ampliar este espacio hasta Sant Rafel, Sant Jordi o Jesús, o inventar nuevos espacios de similares características. ¿No es esto modificar (apropiarse) de forma encubierta el territorio de los municipios?

La Ley tampoco tiene en cuenta ni contempla que este territorio tendrá que conectar sus servicios con los generales del municipio y que los ayuntamientos deberán realizar las labores de inspección y policía, las obras de urbanización y sus sucesivas reposiciones y reparaciones que en todo suelo urbano se tienen que realizar.

Resulta totalmente fuera de lugar que digan (coincidiendo con las manifestaciones realizadas por el señor Tarrés) que el Consell está dispuesto a pagar «lo que se deba». Deberían saber quienes nos acusan tan a la ligera de engañar y de boicotear proyectos que la propia ley 10/2010 neutraliza el pago de cualquier impuesto en sa Coma, ya que a través de esta operación de fagocitación no existe ninguna obligación de pagar por parte del Consell ni existe ningún derecho por parte de los ayuntamientos a exigir el pago. Es más, si los responsables políticos del Consell quisieran pagar estos impuestos, los servicios de Intervención de esta institución pondrían graves reparos, dado que se estaría pagando por conceptos inexistentes, lo que supondría un grave delito de malversación de fondos. Y lo mismo ocurriría si los ayuntamientos exigieran el pago de estos impuestos: se incurriría en un delito de cobros ilegales. Aun así, en un auténtico ejercicio de demagogia y oportunismo, la señora Carrascosa y sus compañeros se permiten llamar irresponsables a los alcaldes de dos municipios que defienden los intereses de sus ciudadanos.

Si, como esperamos, el Tribunal Constitucional nos da la razón, podremos recuperar las competencias municipales, los recursos financieros tan necesarios en plena crisis económica, nuestra dignidad como ayuntamientos y, por encima de todo, la de los vecinos de ambos municipios. Lo que no cuentan ni la señora Carrascosa ni los ediles de la oposición es que es una completa desvergüenza que en esta misma ley haya un artículo (concretamente el 12) que, a propósito de la «Ejecución de las obras de construcción de los nuevos Juzgados en Eivissa» establece que esta infraestructura está sujeta a informe previo del Ayuntamiento y al pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. O sea que, por voluntad del Parlament de les Illes Balears, a propuesta del Govern y con la plena aquiescencia del Consell de Eivissa, los ciudadanos de Sant Antoni y de Santa Eulària –también la señora Carrascosa y los demás concejales– están discriminados frente a los de la ciudad de Eivissa. Mientras que nosotros no podemos exigir el pago de los correspondientes impuestos en la zona de sa Coma, porque esta misma ley (entendemos que inconstitucional) lo prohíbe, otros se encuentran con que la misma norma expresamente lo exige de manera necesaria de cara a que el Ayuntamiento de Eivissa no pierda los correspondientes ingresos por impuestos derivados de la construcción de los Juzgados del partido judicial. Viendo esto, no sabemos qué entienden los concejales del PSOE-ExC por partidismo y discriminación, pero lo que está claro es que por encima de los intereses de sus vecinos defienden los intereses de su partido sin ningún ápice de vergüenza.

Ya está bien de engañar y hacer demagogia fácil y sin argumentos. No es cierto que nos hayamos opuesto o hayamos boicoteado ninguna de las infraestructuras que se pretenden instalar en sa Coma. Estamos totalmente de acuerdo –así lo hemos dicho y lo defenderemos donde haga falta– con el Campus Universitario, la depuradora, el circuito de motocross, el centro de menores y con todas aquellas intervenciones que redunden en beneficio de los ciudadanos. Únicamente defendemos los derechos que nos corresponden, y si hablamos de boicotear infraestructuras, quienes nos lanzan acusaciones indiscriminadas deberían mirarse al espejo y preguntarse quién ha boicoteado o retrasado sin justificación algunas otras obras perfectamente definidas y muchas veces ya dotadas económicamente para llevarlas a cabo, como el Palacio de Congresos de Santa Eulària, el paseo de Cala Gració, la segunda fase de Can Portmany, la depuradora de Santa Eulària, el instituto de sa Serra, el polideportivo de Puig d´en Valls o el centro cultural de Jesús, entre otras muchas. ¿Es que estas infraestructuras no interesan a los ciudadanos?, ¿o es que solo sabemos defender a capa y espada una ley hecha a medida para tapar la ineficacia y la falta de atención del Consell a las necesidades y problemas de otros territorios que no sean sa Coma?

Lo que está claro es que la señora Carrascosa y los concejales de su grupo y del de Santa Eulària tienen escasa o nula vocación de gobierno, puesto que si llegaran a tener esta responsabilidad, cosa esperamos que bastante lejana, se verían obligados a rectificar y asumir la postura que nosotros defendemos, como lo evidencia el informe de la Federació d´Entitats Locals de les Illes Balears (Felib), donde están representados todos los municipios y con mayoría de su color político, que nos ha dado la razón y por unanimidad. Ellos prefieren hacer el ridículo defendiendo leyes a la carta que vulneran y eliminan nuestra autonomía y nuestros derechos como municipio y como ciudadanos.