Los artículos de Rafael Vargas suelen tener sustancia, aunque esa sustancia me parezca a veces inaceptable. Este lunes arremetía contra las escuchas telefónicas en un totum revolutum en el que mezcla realidades y conceptos que no pueden ser mezclados. De pequeños nos enseñaban lo de las cosas homogéneas y heterogéneas: que no se pueden sumar peras y manzanas, vamos. Las escuchas telefónicas como una práctica policial incontrolada, la condenamos todos. Las escuchas en las cárceles en las comunicaciones abogado-cliente son muy discutibles, aunque es aceptable si hay sospechas de que esas comunicaciones sirven para tramar, organizar o manejar una actividad delictiva. Pero vamos por partes: el sistema Sitel sólo puede emplearse por orden y control judicial. ¿O es que el señor Vargas también quiere acabar con las escuchas ordenadas por los jueces para esclarecer delitos? ¿No cree el señor Vargas en la separación de poderes? ¿Por qué entonces carga la responsabilidad de las escuchas sobre policía y gobierno? En los pinchazos del caso Palma-Arena, Matas tenía su teléfono pinchado, pero no su abogado. Sin embargo, si los dos hablan por teléfono y en la conversación se trama la perpetración de un delito (falsear unas pruebas), ¿el juez tiene que pasarlo por alto porque afecta al derecho de defensa? A mí me parece que todos los derechos tienen límites, y el de defensa, también. El límite está en el momento en que se quiere vulnerar la ley, porque entonces hay un derecho y un interés superior, que es el de la sociedad. Por lo demás, completamente de acuerdo en la necesidad de defender la autonomía del individuo frente al Estado y de evitar las injerencias de éste para controlar nuestras vidas. Sin embargo, señor Vargas, si en lugar de poner Estado ponemos Iglesia, ¿estaría usted de acuerdo en las mismas tesis? ¿O acaso la actuación de la jerarquía eclesiástica (que viene a ser como el Estado para los fieles católicos) no limita la autonomía del individuo, no se entromete en sus vidas, no actúa con mentalidad dictatorial y no colabora a difuminar derechos de los ciudadanos? ¿Por qué, señor Vargas, no aplica a la organización eclesial las mismas críticas que lanza al Estado civil?